Hoy en las noticias

18 Abril, 2026

Síguenos en:

Hoy en las noticias

Concluye reparación de la L-3; reapertura podría ser hoy

10 Ene 2023

527 veces

Trabajadores del Metro concluyeron ayer la reparación del tramo de la Línea 3 del Metro donde el sábado pasado chocaron dos trenes, con saldo de una mujer muerta y 106 personas lesionadas. Hoy podría reabrirse la línea en su totalidad

Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, llega al AIFA

10 Ene 2023

502 veces

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ha llegado ya al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) este lunes 9 de enero

Edgar Ulises Báez demandará a ministra Yasmín Esquivel por escándalo de plagio de tesis

10 Ene 2023

494 veces

El abogado Edgar Ulises Báez Gutiérrez denunciará a la ministra Yasmín Esquivel, esto por falsas declaraciones ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, reveló la periodista María Scherer

Caso Ovidio Guzmán: Juez otorga suspensión provisional contra extradición

10 Ene 2023

521 veces

El titular del Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal otorgó una suspensión provisional para que el presunto narcotraficante, Ovidio Guzmán, no pueda ser extraditado a los Estados Unidos

Joe Biden envía mensaje tras arribo a México: ‘Esta reunión profundizará la coordinación’

09 Ene 2023

563 veces

Tras intensas negociaciones diplomáticas, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden arribó la tarde de este domingo 8 de enero, al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), donde fue recibido por su homólogo, Andrés Manuel López Obrador

Choque en Línea 3 del Metro: AMLO defiende a Sheinbaum de ‘zopilotes’ por época electoral

09 Ene 2023

473 veces

Cuestionado sobre este tema en la conferencia matutina, el mandatario mexicano lamentó la muerte de Yaretzi Hernández; no obstante respaldo a Sheinbaum Pardo, quien ha sido llamada ‘asesina’ por este caso y llamó a los opositores a no traficar con el dolor humano

UNAM presenta plan ‘antiplagios’ de tesis tras ‘escándalo’ de ministra Yasmín Esquivel

09 Ene 2023

537 veces

La UNAM anunció la implementación de un plan de acciones para prevenir el plagio de tesis profesionales, esto tras la acusación de que una de sus graduadas, la ministra Yasmín Esquivel, presentó un trabajo de titulación hecho por otra persona como propio

Detención de Ovidio Guzmán: Aeropuerto de Culiacán anuncia cierre de operaciones todo el día

05 Ene 2023

631 veces

Debido a los actos violentos de este jueves en Culiacán, Sinaloa, y a la presunta detención de Ovidio Guzmán, el aeropuerto de la capital sinaloense anunció el cierre de la terminal aeroportuaria desde las 8:30 de la mañana y hasta las 22:00 horas

AMLO confirma protección para periodista Guillermo Sheridan ‘para que no ande inquieto’

05 Ene 2023

666 veces

El periodista Guillermo Sheridan recibirá protección por parte del Gobierno federal, dijo este jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador

Beneficiarios de Edomex y Coahuila recibirán doble pago el próximo bimestre

05 Ene 2023

509 veces

Las personas adultas mayores del Estado de México y Coahuila recibirán los recursos de la Pensión del Bienestar de dos bimestres en el periodo marzo-abril por el proceso electoral, dijo este jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.