Hoy en las noticias

18 Abril, 2026

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Gabriel Boric llega a México

23 Nov 2022

504 veces

El presidente de Chile, Gabriel Boric, llegó a México la tarde de este martes 22 de noviembre en lo que es su primer viaje oficial al país desde que asumió el cargo el pasado marzo y donde se reunirá con el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador

Monreal: no seré ‘caballo de Troya’ de la oposición

23 Nov 2022

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“No son momentos oportunos” para realizar una reforma electoral, por lo que el Poder Legislativo “no puede precipitarse ni dejarse presionar”, afirmó el senador Ricardo Monreal, quien rechazó, por otro lado, ser “el caballo de Troya” para dividir a la oposición

Sansores destapa pacto entre ‘Alito’ Moreno y Lorenzo Córdova para beneficiar al INE

23 Nov 2022

513 veces

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, difundió un par de nuevas conversaciones que presuntamente corresponden a Alejandro ‘Alito’ Moreno, diputado y líder nacional del PRI, en las que se pactan acuerdos con el Instituto Nacional Electoral (INE)

En octubre aumentan los homicidios, pero bajan en noviembre

23 Nov 2022

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El mes cerró con 2 mil 766 casos frente a los 2 mil 645 que se registraron en septiembre. Las cifras comparadas con el máximo histórico de 2018 representan una baja de 22 por ciento

Utilidades de Afores caen 70% en octubre... pero bajan retiros por desempleo

17 Nov 2022

708 veces

Al décimo mes del año, las utilidades de las Afores fueron de 3 mil 992.1 millones de pesos, según datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar). En su comparación mensual, se registró un crecimiento de 35.1 por ciento

Aumento a vacaciones y salario mínimo pueden restar atractivo a inversiones: CCE

17 Nov 2022

665 veces

Ante el aumento que tendrá el salario mínimo para el próximo año y una propuesta que elevaría las vacaciones obligatorias de seis a 12 días, el sector empresarial pide que este “paquete laboral” se implemente de forma gradual a fin de no restarle atractivo al país entre los inversionistas

EU salta por el INE: Es pieza angular de la democracia mexicana

17 Nov 2022

569 veces

“Las instituciones independientes y libres de influencia política (en referencia al INE) son una piedra angular de la democracia. Y las instituciones electorales no partidistas en particular aseguran que todas las voces sean escuchadas en los procesos democráticos fundamentales”

Rosario Piedra, titular de la CNDH, no comparecerá ante el Senado por ‘agenda comprometida’

17 Nov 2022

544 veces

Luego de que el Senado de la República citara a comparecer a Rosario Piedra Ibarra, la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) respondió que no podrá asistir a la cámara alta pues tiene la agenda llena para todo noviembre

Presidencia del BID: Gerardo Esquivel y rivales presentan sus planes a asamblea

14 Nov 2022

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Los cinco aspirantes propuestos para ocupar la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ya presentaron a la Asamblea de Gobernadores su plan y visión en caso de ocupar el cargo y estarán a la espera de la votación para definir la elección el domingo 20 de noviembre

Banxico sube 10 por ciento para la tasa de interés y establece nuevo récord

10 Nov 2022

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La tasa de interés del Banco de México (Banxico) alcanzó un nuevo récord al cumplirse el aumento de 75 puntos base esperado por el mercado, con lo que llegó a 10 por ciento

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.