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18 Abril, 2026

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Caricom: México busca recibir reunión de países caribeños este 2023

24 Ene 2023

394 veces

México está buscando organizar la Quinta Cumbre México-Comunidad de Estados del Caribe (Caricom) en la Ciudad de México, detalló el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard

Prisión domiciliaria para agresor es ‘degradación de la justicia’, dice AMLO

24 Ene 2023

352 veces

López Obrador adelantó que ya se alista una denuncia por parte de la subsecretaría de Derechos Humanos para que no se otorgue libertad condicional a Vera, “porque en efecto, es un tremendo daño a la sociedad en general, es una degradación de la justicia, un mal ejemplo”

AMLO critica rumores sobre estado de salud de fiscal Gertz Manero: ‘Hay una actitud miserable’

23 Ene 2023

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El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó esta mañana los rumores malintencionados que han circulado en redes sociales sobre el estado de salud del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero

PAN buscará a MC para que se una a alianza opositora

23 Ene 2023

395 veces

El PAN buscará que en la elección presidencial de 2024 Movimiento Ciudadano (MC) “anteponga el interés nacional sobre los intereses partidistas”, afirmó el líder nacional blanquiazul, Marko Cortés

Programaron hasta 565 eventos en sólo cinco días de precampaña

23 Ene 2023

364 veces

En los primeros cinco días de precampañas para las elecciones en el Estado de México y Coahuila se programaron hasta 565 eventos, públicos y privados, de aspirantes a las gubernaturas, de acuerdo con el micrositio de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE)

Santiago Nieto, primer ‘refuerzo’ para impulsar candidatura presidencial de Marcelo Ebrard

23 Ene 2023

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El extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, anunció que se unirá al equipo del canciller Marcelo Ebrard para promover su candidatura presidencial en el estado de Querétaro, para las elecciones de 2024

Hugo Éric Flores acusa a Temo de hundir al PES

17 Ene 2023

423 veces

El líder del PES, Hugo Éric Flores, anunció su rompimiento con el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, al que culpó del fracaso de esta fuerza política en la entidad, al tratar de imponer, dijo, a su hermano Ulises Bravo en la dirigencia estatal

Alito aclara sobre alianza: ‘PAN no define la candidatura’

17 Ene 2023

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"Se impulsará un proceso abierto, democrático, transparente que nosotros habremos de respetar y respaldar. Pero es un acuerdo para que haya una gran participación, basado en competitividad, trayectoria y experiencia”

Ley antitabaco 2023: Pequeños comerciantes presentarán hasta mil amparos en contra

17 Ene 2023

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Si bien el universo afectados ronda entre 300 mil y 800 mil, una vez informados se anticipa que defenderán su derecho al libre comercio ante una medida “arbitraria y prohibicionista”

Sector privado controla 2% de la generación eléctrica del país gracias a batallas jurídicas y al respaldo de COFECE: CFE

17 Ene 2023

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Manuel Bartlett, director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), señaló que las empresas privadas aún controlan el 62 por ciento de la generación eléctrica del país, gracias a cuantiosas batallas jurídicas y al respaldo de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE)

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.