Hoy en las noticias

18 Abril, 2026

Síguenos en:

Hoy en las noticias

AMLO defiende reforma electoral: ‘Es para que los jóvenes no sufran imposiciones’

13 Oct 2022

540 veces

En vísperas de la posible discusión de la reforma electoral en la Cámara de Diputados, el presidente Andrés Manuel López Obrador remarcó su importancia para desterrar los fraudes electorales del país

‘Alito’ Moreno: Va por México está ‘caminando’, dice

13 Oct 2022

497 veces

Alejandro ‘Alito’ Moreno, diputado y líder nacional del PRI, descartó que hubiera alguna negociación entre el partido que representa, el Gobierno Federal y Morena para votar en favor de la iniciativa de mantener al Ejército en las calles hasta 2028

Morelos incapaz de atajar hacinamiento y autogobierno en cárceles

13 Oct 2022

533 veces

En las cárceles que están a cargo del gobierno de Morelos, que encabeza el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco, prevalece la sobrepoblación, el hacinamiento y el autogobierno

México recibe todas las vacunas COVID del mecanismo Covax

12 Oct 2022

564 veces

Se acabaron las excusas. México recibió este miércoles 12 de octubre la última ronda de vacunas pediátricas del mecanismo Covax, en 96 cajas térmicas que se utilizarán para inmunizar a niñas y niños de cinco a 11 años

Horacio Duarte renuncia a la Agencia Nacional de Aduanas para seguir con ‘tarea’ en Edomex

12 Oct 2022

555 veces

El titular de la Agencia Nacional de Aduanas (ANAM), Horacio Duarte, entregó este 12 de octubre su renuncia al presidente Andrés Manuel López Obrador

Uso de cubrebocas en aviones será opcional: Agencia de Aviación

12 Oct 2022

539 veces

La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) notificó, durante la noche del martes, a las líneas aéreas que el uso de cubrebocas durante los vuelos en México será de carácter opcional

México demanda de nuevo a armerías

11 Oct 2022

599 veces

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dio a conocer que México presentó una nueva demanda contra el tráfico de armas, ahora en Arizona

Se rompió la confianza con ‘Alito’ Moreno, dice Jesús Zambrano

11 Oct 2022

573 veces

El dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano, aseguró este lunes que “se ha roto la confianza” con el actual dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas

Ratifica Tribunal que CFE debe reinstalar servicio en planta de La Cruz Azul en Tula

11 Oct 2022

627 veces

Un Tribunal de Circuito ratificó la procedencia de una suspensión de plano a favor de la cooperativa La Cruz Azul, que obliga a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) reinstalar el servicio de energía eléctrica en la planta productora de la cementera, en Tula Hidalgo

Omar Fayad, exgobernador de Hidalgo, visita a AMLO

11 Oct 2022

407 veces

A Fayad, con quien se terminó un periodo de más de 90 años de gobierno del PRI en Hidalgo, se le vio salir del recinto luego del mediodía

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.