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18 Abril, 2026

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Rosa Icela Rodríguez ‘balconea’ a gobernadora panista que le pidió envío de Guardia Nacional

20 Oct 2022

564 veces

En una de sus intervenciones para responder a las preguntas de los senadores, la secretaria de Seguridad Pública ‘balconeó’ a la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, del PAN, quien fue la última de las mandatarias estatales en solicitarle apoyo con elementos de la Guardia Nacional

Morenistas sí violaron equidad y veda: TEPJF

20 Oct 2022

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El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó que Dolores Padierna y Manuel Rodríguez, diputados de Morena, vulneraron la veda en el pasado proceso electoral; este último también violó el principio de equidad

Priistas reclaman a ‘Alito’ Moreno: ‘El PRI no da confianza’

19 Oct 2022

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Al concluir ayer su foro Diálogos por México, la senadora Claudia Ruiz Massieu, una de las más férreas críticas de Moreno Cárdenas, desafió y gritó con fuerza al cerrar su discurso en el auditorio Plutarco Elías Calles: “Soy Claudia Ruiz Massieu, no tengo miedo, sí me atrevo y estoy lista”

Ministro Zaldívar responde a senadora del PT sobre el aborto: ‘La maternidad de mi madre fue deseada’

19 Oct 2022

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El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Arturo Zaldívar, respondió al comentario de la senadora del Partido del Trabajo (PT) Martha Márquez, luego de que se parara frente a él con un cartel en contra del aborto, en la Cámara Alta

Adán Augusto se lanza contra gobernadores de oposición: ‘No vamos a esconder la violencia’

19 Oct 2022

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El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, continúa con la pelea de acusaciones frente a los gobiernos estatales del PAN y Movimiento Ciudadano, y este martes 18 de octubre dijo que no va a ocultar los problemas de seguridad de Jalisco, Guanajuato, Nuevo León y Chihuahua

Tamaulipas ya no veta ni sabotea las políticas de la 4T: Américo Villarreal

19 Oct 2022

562 veces

Tamaulipas ha decidido retirar el veto y el sabotaje a las políticas de la Cuarta Transformación, aseguró este miércoles 19 de octubre Américo Villareal, gobernador de la entidad

A 69 años del voto femenino en México: Así es como las mujeres hicieron historia

17 Oct 2022

642 veces

México conmemora este 17 de octubre el 69 aniversario del sufragio de la mujer, resultado de una lucha histórica para que fueran reconocidos sus derechos como ciudadanas mexicanas

SEP mantiene el uso de cubrebocas en aulas de la CDMX

17 Oct 2022

373 veces

Ante la decisión del Gobierno de la Ciudad de México de eliminar el uso obligatorio de cubrebocas en espacios cerrados, la Secretaría de Educación Pública (SEP) recomendó su uso dentro de las escuelas capitalinas

FGR va por Tomás Zerón por espionaje en México

17 Oct 2022

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La Fiscalía General de la República (FGR) abrió dos carpetas de investigación por casos de espionaje en México, ambos relacionados con el software Pegasus, que presuntamente fue adquirido por la extinta Procuraduría General de Justicia (PGR) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto

Ulises Ruiz anuncia que buscará la Presidencia en 2024

17 Oct 2022

340 veces

Con un video en sus redes sociales Ulises Ruiz, exgobernador de Oaxaca, dio a conocer que participará en las elecciones de 2024, en busca de la Presidencia de la República, y de acuerdo con las reglas del INE

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.