En un resolutivo inédito en la vida de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el poder judicial ordenó al Congreso de la Unión emitir la Ley Reglamentaria sobre Gasto de Comunicación Social del Gobierno y con esta acción por primera vez en la historia judicial se emite un ordenamiento al Congreso Federal para reparar una omisión legislativa deriva del amparo promovido por dos organizaciones que han juntado las firmas suficientes: Fundar y Artículo 19.
La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó al Congreso de la Unión que emita la ley reglamentaria del Artículo 134 de la Constitución y establezca los lineamientos para que se transparenten los gastos en comunicación social gubernamental a más tardar el 30 de abril de 2018
Al respecto, el ministro Arturo Saldívar, quien se encargó de elaborar el proyecto de sentencia, hizo un llamado al Poder Legislativo a que cumpla la sentencia. En sesión de la Primera Sala, con mayoría de 4 votos, los ministros ordenaron al Congreso emitir la ley reglamentaria sobre gasto en publicidad gubernamental con base en criterios de “eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez”.
En contraparte, el secretario de la Mesa Directiva de San Lázaro, Arturo Santana (PRD), explicó que los ministros no les pueden ordenar nada, por la división de poderes que hay en el país, “no puede ordenar; sí puede proponer… porque de lo contrario sería una invasión de un poder a otro”, subrayó, en tanto que el senador del PRI Jesús Casillas se pronunció por “darle una revisada jurídicamente, para ver los términos de la resolución”, mientras que el senador de PT-Morena Zoe Robledo dijo que la resolución de la Corte no es una sugerencia, sino un mandato que se debe acatar y ante el que no pueden ser omisos. El coordinador de MC en San Lázaro, Clemente Castañeda, celebró que la SCJN se haya pronunciado sobre la omisión. “(Esta decisión) era necesaria, para obligar a los partidos cumplir con su responsabilidad”, indicó Guadalupe Acosta Naranjo (PRD).
Una cosa es cierta, los legisladores no han cumplido con la emisión de una norma que permita regular la publicidad oficial y eso ha dado pauta para la discrecionalidad en el gasto de esas partidas presupuestales. No hay que olvidar que en la reforma política-electoral de 2014, se estableció hasta el 30 de abril de aquel año para que se legislara en materia de gasto de comunicación social, y a la fecha no ha habido nada al respecto, pero eso mismo sucede con otros temas y tampoco la SCJN había intervenido en estos asuntos.
Así las cosas en el Congreso de la Unión, si de por sí ya vive momentos de franca polarización que se han acentuado por el año electoral que inició en septiembre pasado, las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión ya encontraron un elemento más para confrontación de ideas y seguramente también para echarle más leña a la hoguera de los temas partidistas y de tipo político. Así que el debate no solo será mediático, a tribuna legislativa espera acaloradas discusiones, con gritos acostumbrados de descalificación y otros agravios…
