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17 Abril, 2026

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EU enviará a México unos 50 mil migrantes: Encinas

13 Jun 2019

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“Vivimos una situación de emergencia porque se nos disparó el número que pasó la frontera por nuestro país a más de 144 mil personas, es una cantidad que yo no sé por dónde pasaron”

Corte ordena a Yucatán legislar sobre acceso a la información en lengua maya

12 Jun 2019

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El Congreso de Yucatán tendrá que legislar en materia de solicitudes de información cuando se presenten en lenguas originarias en el estado.

Baja participación en elección de Puebla fue por oferta política poco atractiva: Córdova

11 Jun 2019

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"Hay un dato que hay que tomar en cuenta, la oferta política no la puso el INE, la gente no salió a votar a favor o en contra del INE, la gente salió a votar por una oferta política que probablemente no le resultó atractiva"

‘México no podrá cambiar de política migratoria’: Muñoz Ledo

10 Jun 2019

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Muñoz Ledo calificó de “bravatas electoreras” el discurso antiinmigrante del presidente estadounidense, señalando que no se podrá detener la migración.

Directivos y Gobernador Carreras inauguran en SLP la planta más moderna de BMW Group en el mundo

06 Jun 2019

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Con una inversión de más 1 mil millones de dólares, directivos de la empresa alemana líder en el mercado de vehículos de lujo Bayerische Moteren Werke (BMW) y el Gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López, inauguraron en San Luis Potosí, la planta más moderna de la firma en todo el mundo

Gobernadores del PRI apoyan a AMLO ante arancel de EU

06 Jun 2019

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Los gobernadores del PRI dieron ayer su apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador en el proceso de diálogo que se realiza con Estados Unidos, a fin de evitar que se impongan aranceles progresivos a las importaciones mexicanas.

Legisladores, reprobados en confianza

05 Jun 2019

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De acuerdo con el análisis titulado “Confianza en el Congreso”, realizado por el Instituto Belisario Domínguez, tanto senadores como diputados de nuestro país obtuvieron calificaciones reprobatorias en la confianza de los mexicanos.

AMLO muestra optimismo de tener un acuerdo con el Gobierno de EU antes del 10 de junio

04 Jun 2019

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"Estoy optimista, pienso que la reunión de mañana (en Washington) será importante y que se llegará a un acuerdo antes del 10 de junio, antes de que entren en vigor los aranceles"

México fija postura comercial con EU: Amenaza arancelaria pone en entredicho el T-MEC

03 Jun 2019

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"Hemos llegado al punto en que los tres han iniciado procesos para la ratificación (...). Tenemos esta enorme piedra en el camino (los aranceles de Trump) que pone en entredicho este tratado (el T-MEC)

Luis Miguel Barbosa de Morena aventaja en las elecciones en Puebla, según conteo rápido

02 Jun 2019

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Miguel Barbosa, candidato de Morena por la gubernatura de Puebla, encabeza las preferencias electorales con un rango de votación entre 42.6 y 45.4 por ciento, de acuerdo con el Conteo Rápido del Instituto Electoral del estado de Puebla.

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.