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17 Abril, 2026

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Acuerdo con federales no es unánime, afirma Durazo

12 Jul 2019

274 veces

“Ojalá reconsideraran su posición, se reincorporaran a la Policía Federal y se adhieran a la Guardia Nacional y si no cumplen los requisitos, a alguna de las 10 opciones”.

Arman bloque contra ampliación de mandato en BC

11 Jul 2019

268 veces

Los partidos anticiparon también que ya preparan la expulsión, y hasta juicios políticos, en contra de alrededor de 17 de sus diputados locales que aprobaron la iniciativa propuesta por Morena, partido que, con sólo tres curules de las 25 que conforman el Congreso del estado, impuso su voluntad.

Congreso de BC cae en lo ilegal al ampliar a 5 años la gubernatura de Bonilla: Cuauhtémoc Cárdenas

10 Jul 2019

300 veces

"El Congreso de Baja California ha decidido vulnerar orden republicano y democrático. Ofende inteligencia, cae en ilegalidad y pierde total legitimidad al prolongar de 2 a 5 años el mandato del gobernador electo"

Carlos Urzúa se 'tardó en renunciar': Ricardo Monreal

09 Jul 2019

275 veces

Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, dijo este martes que si Carlos Urzúa estaba en desacuerdo con los nombramientos del presidente Andrés Manuel López Obrador para Hacienda se tardó en renunciar.

Mi entrega a las autoridades fue pactada: exgobernador de Veracruz Javier Duarte

09 Jul 2019

389 veces

Duarte fue detenido en abril de 2017, en abril de 2017, en Guatemala, y extraditado a México en julio de ese mismo año. Desde entonces, permanece preso en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte de la Ciudad de México.

Revocación de mandato es una 'reforma absurda' y cuestionable: Woldenberg

08 Jul 2019

272 veces

“La revocación de mandato no es buena idea y jurídicamente yo creo que es muy cuestionable”, aseveró el académico y especialista en temas electorales José Woldenberg, en entrevista con “La Silla Roja”, de El Financiero Bloomberg.

López Obrador llama al EZLN a la unidad a favor de México

06 Jul 2019

313 veces

Este sábado, en su segundo día de actividades en Chiapas, el mandatario aseveró que si bien puede tener diferencias con el movimiento zapatista, lo respeta porque este impulsó que se conociera la realidad de las comunidades indígenas del país.

Con eslogan 'Juntos por la Paz', AMLO anuncia arranque de programa contra las adicciones

05 Jul 2019

338 veces

"Se dejó a los jóvenes solos, sin opciones, sin alternativas. Entonces hoy presentamos el programa de prevención en el consumo de drogas. Ya tenemos el plan y hoy inicia", dijo en su conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

Mesa de diálogo entre autoridades y Policía Federal termina sin acuerdo

04 Jul 2019

295 veces

Pese a la mesa de diálogo que se realizó con autoridades federales, no se logró ningún acuerdo que permitiera concluir la toma de instalaciones y bloqueo, que se mantienen en Periférico Oriente.

Atenderemos peticiones de policías y ellos decidirán si se integran a la Guardia: Rosalinda Trujillo

03 Jul 2019

299 veces

También manifestaron la necesidad de enfatizar el carácter civil de la GN, establecer los exámenes para la evaluación dentro de la infraestructura del sistema de desarrollo policial de la Policía Federal, además de generar un traslado no fragmentado dentro de los esquemas dentro de los que realizan sus funciones.

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.