Aunque inusual este tipo de reuniones en la  cámara baja, la reñida competencia política que se avizora en materia electoral ha provocado que el recinto legislativo de San Lázaro se convierta en una especie de ring, en el que últimamente los liderazgos de las fracciones partidistas han convidado este espacio a los dirigentes de su partidos para, desde ahí, fijar  posturas en torno a la problemática nacional.

Por unanimidad, los 11 ministros del máximo Tribunal del país también ordenaron la consignación del anterior delegado José Manuel Ballesteros López, quien actualmente forma parte de la Asamblea Legislativa de la capital del país.

Primero sobre la comunicación para su conocimiento por parte del encargado del despacho de la Procuraduría, parte del ejecutivo federal, sobre la remoción del titular de la FEPADE, autoridad que tiene la facultad de remover libremente al funcionario en cuestión por la aplicación de moción de censura o pérdida de confianza, situación suficiente para destituirlo y notificar al Senado de la República para su trámite subsecuente, es decir para acusar de recibo e iniciar el proceso para la designación de un nuevo titular para la dependencia o como se intentó veto para revisar de la remoción. 

Aseguró que eliminar del PEF 2018 el Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (Fortalece), es un acto responsable y congruente cuyo fin es dar total transparencia al uso del dinero público. Explicó que su desaparición no cancela la posibilidad de que los legisladores realicen gestiones en favor de la población que representan, pero no podrán administrar los recursos.

En ese sentido, las comisiones legislativas en todas las materia andan muy atareadas y en la imaginaria popular se les ve o con calculadora y ábaco en mano o bien con tijeras de doble filo, y puede que se a cierto porque en menos de quince días tendrán que sumar, restar o recortar lo que a su consideración consideren o útil u obsoleto en la bolsa de los dineros públicos. Legisladores de todos los  grupos parlamentarios, después de largas entrevistas y reuniones con representantes de los ejecutivos federal, estatal y locales- han empezado a definir  las partidas prioritarias y dicen que sus propuestas son el resultado de lo que la gente “les ha pedido gestionar”.

Ayer la Comisión de Gobernación, presidida por la diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente (PRI), avaló un dictamen que declara como asunto de trascendencia nacional, y por lo tanto procedente, la consulta popular relativa al modelo actual de seguridad pública, y cuenta con el respaldo de las bancadas del PRI y el PVEM y la propuesta la hacen porque consideran “que el diseño vigente de seguridad pública tiene problemas de fondo que impactan negativamente en la población, por lo que resulta necesario consultar a la ciudadanía, a fin de definir si desea un cambio en dicho modelo”.

A decir del diputado Oswaldo Guillermo Cházaro Montalvo (PRI), la iniciativa tuvo el respaldo en comisiones por parte de diputados del PRI, PVEM, PAN, PRD, Morena y Movimiento Ciudadano, y además cuenta con un amplio consenso de la sociedad, agrupados en organismos que promueven el bienestar animal, así como de productores, de la academia y diversos actores públicos y privados con interés o competencia en el tema.

El salario mínimo es una determinación política, ética y social, con implicaciones jurídicas para su observancia, es decir el salario mínimo crea condiciones específica para cumplir con una disposición determinada por la sociedad que regula las relaciones contractuales en materia laboral entre los poseedores de medios de producción y los que por necesidad o por decisión individual buscan un empleo, es decir, contextualiza las relaciones del mercado laboral, aunque muchos no reconocen o no quieren reconocer que el trabajo es una mercancía que concurre voluntariamente y con derecho para buscar una retribución económica por la realización de este trabajo.

A días de que venciera el plazo, el pleno del Senado aprobó en lo general, en lo particular y por mayoría la Ley de Ingresos para 2018, que contempla ingresos por 5 billones 279 mil 667 millones de pesos. El paquete fue turnado al Ejecutivo para su promulgación. Por la noche, los legisladores avalaron la Ley con 90 votos a favor y 29 en contra. La oposición impulsó 42 reservas, pero fueron rechazadas por mayoría. El paquete fue aprobado sin cambios a la minuta enviada por la Cámara de Diputados.

Este espacio de reflexión se lleva cabo en coordinación con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI-México) y cuenta con la participación de organismos como la UNESCO, la OCDE, la Universidad de Barcelona, el Instituto de Estudios Peruanos, el Ministerio de Educación de Colombia, la Dirección General de Cultura y Educación Bonaerense, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), la SEP y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).