Ha pasado más de una semana de la publicación y es hasta ahora cuando Nieto Castillo ha salido a la opinión pública a aclarar la difusión de una entrevista donde, dice, que le pusieron palabras que él no pronunció y sin embargo eso fue uno de las motivaciones, tal vez la principal, para que el titular de la PGR tomara la decisión de cesarlo de manera fulminante en sus funciones.

Lo dicho por el tránsito legislativo de la primera parte del paquete económico para el 2018, en donde se aprobó en lo general la Ley de Ingresos con una votación suficientemente holgada como para mandar señales de estabilidad para el cierre del sexenio peñista, permitiendo y compartiendo la mayoría de la Cámara de Diputados las proyecciones del ejecutivo en materia macroeconómica y con ello, quitan presiones políticas al ejercicio presupuestal del próximo año, importante y trascendente para poder acometer con bases firmes los dos momentos de máxima tensión: la renegociación del TLCAN y el proceso electoral de 2018.

La decisión que tomó la Procuraduría General de la República (PGR), bajo la conducción del encargado del despacho, Alberto Elías Beltrán, provocó una andanada de comentarios en contra y a favor, y el asunto ya se analiza en el Senado de la República, órgano legislativo con facultades para revertir o confirmar la remoción de Nieto Castillo.

Ayer, Mariana Moguel Robles, presentó su renuncia como presidenta del Comité Directivo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Ciudad de México, argumentando distintos actos que contrarían el quehacer político. Presentó mi renuncia "con carácter de irrevocable por distintos actos que contrarían el quehacer político de manera democrática, respetuosa e incluyente", expuso en su carta.

“El Ejecutivo Federal estima, en la propuesta de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2018, obtener un total de 5 billones 236 mil 375.6 millones de pesos (mdp) por concepto de ingresos presupuestarios, de los cuales 3 billones 551 mil 699.7 mdp corresponden a ingresos del Gobierno Federal; 1 billón 183 mil 300.4 mdp a ingresos de organismos y empresas, y 501 mil 375.5 mdp a ingresos derivados de financiamientos. Asimismo, en la Iniciativa propuesta se estima una recaudación federal participable por 2 billones 879 mil 921.3 mdp”.

Como panista, la señora Margarita aguardó el tiempo necesario como para competir con cualquiera de sus correligionarios por la candidatura de ese partido. El ex gobernador poblano, Rafael Moreno Valle, y el actual gobernador por Guanajuato, Miguel Márquez, parecían completar la cuarteta  de aspirantes, pero sin mayor esfuerzo el dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya, no sólo controló la estructura de su partido sino que hizo lo necesario para ser juez y parte en la designación, con él como único aspirante presidencial, desde la conformación misma de lo que ahora se conoce como Frente Ciudadano por México.

El trámite de la iniciativa permitió al priismo, como partido en el gobierno, como la primera minoría y como un partido de centro izquierda, transitar en lo general la propuesta de modificación de manera cómoda, junto con su coalición legislativa, con excepción de Nueva Alianza que voto en contra y el consenso a favor de la bancada del PAN, orillando a las izquierdas a un nuevo estrepitoso fracaso, logrando una votación mayoritaria de 313 votos a favor, incluidos 98 de los diputados de Acción Nacional presentes, recordando lo que comentamos en la primera entrega de los trámites derivados del Pacto por México del inicio del sexenio de Enrique Peña Nieto.

Hasta ahora, el tema era un pendiente legislativo a pesar de que en los últimos años diversos organismos internacionales, como la ONU, señalaban que la desaparición forzada de personas es una técnica de terror. Las víctimas no desaparecen voluntariamente o por accidente. Son las víctimas de un delito y un crimen internacional. En América Latina las desapariciones forzadas han sido tradicionalmente parte de la estrategia en contra de los llamados grupos subversivos o terroristas, una estrategia utilizada por las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad, los servicios de inteligencia, o de grupos paramilitares que actúan con la cooperación, la tolerancia, o la aquiescencia del Estado. En general, en nuestra región, las desapariciones forzadas se utilizaron como una política de Estado a raíz de la doctrina de seguridad nacional, como sucedió en México durante la llamada “Guerra Sucia” en los años 60 y 70.

Lo anterior en un contexto donde sus aliados históricos como el PVEM y recientes como el PANAL y PES, aún no han definido si renovarán su compromiso de ir juntos con el partido tricolor en lo que se considera “la madre de todas la elecciones”, que se celebrará el primer domingo de julio de 2018.

Como sabemos, con más de dos décadas de haber entrado en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), entre México, Estados Unidos y Canadá, el 16 de agosto del año en curso iniciaron las reuniones entre estos países para la renegociación del acuerdo comercial y esperan concluir el diálogo antes de 2018 o a principios del próximo, para evitar que su discusión se politice por las elecciones de los tres países ese año.