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17 Abril, 2026

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Delitos en México: 2022 se perfila para ser el año con mayor incidencia

21 Sep 2022

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El 2022 se perfila para ser el año con mayor incidencia de delitos en México en lo que va de la llamada Cuarta Transformación, según cifras oficiales que dio a conocer este martes el gobierno federal

Investigador de la UNAM desarrolla algoritmo que busca pronosticar sismos

19 Sep 2022

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El especialista junto con su equipo, han creado un algoritmo basado en inteligencia artificial que podría acercarnos a anticipar estos fenómenos naturales de la misma manera en que se pueden pronosticar sequías, lluvias o huracanes

Luis Cresencio Sandoval advierte que comentarios vs. el Ejército dañan su imagen

14 Sep 2022

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Aseguró que las Fuerzas Armadas actúan con apego irrestricto a los derechos humanos

AMLO es invitado a funeral, pero asistirá Marcelo Ebrard en su lugar

12 Sep 2022

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“Va a estar en la representación del Gobierno de México el secretario de Relaciones Exteriores. Ya envíanos nuestro pésame, y en su momento vamos a enviar nuestra aceptación y deseo de éxito al nuevo jefe de Estado, al rey cuando corresponda”

Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López libran sanción del TEPJF

08 Sep 2022

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El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó ayer la exoneración al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, por actos anticipados de campaña rumbo a la elección presidencial de 2024

Iniciativa de la Guardia Nacional no irá en ‘fast track’ en el Senado, adelanta Monreal

06 Sep 2022

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El senador Ricardo Monreal Ávila dio a conocer, en rueda de prensa, que su grupo parlamentario, en reunión privada, determinó que la minuta proveniente de la Cámara de Diputados, será turnada este martes a las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda

Suprema Corte decidirá futuro de prisión preventiva oficiosa con independencia: Zaldívar

05 Sep 2022

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Con independencia y responsabilidad, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidirá la validez de la prisión preventiva oficiosa, aseguró el ministro presidente, Arturo Zaldívar

Ellas son las diputadas que integran la Mesa Directiva en San Lázaro

01 Sep 2022

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A partir de este jueves 1 de septiembre, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados tendrá un nuevo rostro, principalmente femenino, pues en la elección de los puestos sólo habrá un legislador hombre, Santiago Creel, del PAN, como presidente

Hay presidente en el Senado: Alejandro Armenta es elegido para dirigir Mesa Directiva

31 Ago 2022

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Armenta derrotó así a José Narro, Gabriel García e Higinio Martínez, quienes buscaban el derecho a suceder a Olga Sánchez Cordero, exsecretaria de Gobernación, como presidenta del Senado

Suprema Corte ‘derriba’ Reforma de Telecomunicaciones aprobada por Peña Nieto

30 Ago 2022

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Por unanimidad, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó las reformas hechas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión del 2017 acusando que existieron violaciones en el proceso legislativo

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.