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17 Abril, 2026

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Aeroméxico va a los tribunales: pide revisión judicial de declaratoria de saturación del AICM

08 Jun 2022

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En una nota, la aerolínea indicó que reclamó ante un juez la declaratoria de saturación de los dos edificios terminales del aeropuerto capitalino, así como un análisis, realizado por el Seneam, en el cual se limita el número de operaciones en el AICM

AMLO tuvo reunión con Victoria Rodríguez de Banxico: Economía de México ‘está bien y de buenas’

07 Jun 2022

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El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó haberse reunido con la gobernadora del Banco de México (Banxico), Victoria Rodríguez Ceja el pasado lunes 6 de junio

Bloqueo comercial a Cuba ‘es un tipo de genocidio’: AMLO

06 Jun 2022

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Tras confirmar que no asistirá a la Cumbre de las Américas después de que Estados Unidos decidió no invitar al evento a Cuba, Nicaragua y Venezuela, el mandatario mexicano despotricó contra los dirigentes estadounidense que apoyan las ‘sanciones’ contra la Isla

Morena vs PRI: Guerra sucia ‘arrecia’ en la recta final de las campañas electorales

03 Jun 2022

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A pesar de que ambos promocionales denunciados no dicen textualmente “traidores a la patria” sino “traidores a México”, la comisión del instituto concluyó que al referirse al país este encuadra con la narración de la patria

AMLO espera que EU termine de enviar invitaciones para emitir respuesta

02 Jun 2022

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De acuerdo con información de Juan González, asistente especial de Joe Biden y director principal del Consejo Nacional de Seguridad para el Hemisferio Occidental, las listas aún no están terminadas y hacen falta invitaciones por distribuir, señaló el mandatario

Mujeres pobres e indígenas: las ‘mulas’ del narco olvidadas por la Ley de Amnistía

01 Jun 2022

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Las víctimas comparten un cuadro común: se encuentran dentro de los estándares de pobreza, marginación y vulnerabilidad. Para ellas, la justicia tarda en llegar o simplemente no llega, a pesar de ser candidatas a recibir la amnistía

‘No van a poder detenernos’, afirma AMLO sobre suspensión de obras en tramo 5

31 May 2022

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“No van a poder detenernos. No van a imponerse los intereses particulares, no van a estar por encima del interés general, del interés de la gente, del interés del pueblo, del interés de la Nación”, afirmó AMLO este martes desde Palacio Nacional

Que AMLO demerite la ley afecta al Estado de Derecho en México: José Ramón Cossío

30 May 2022

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Por otra parte, Cossío propone que la mejor alternativa en este caso es la vía democrática, y si a López Obrador no le gusta alguna ley o alguna fracción opte por cambiarla mediante la democracia, ya que de esta forma se han consolidado anteriormente

Promete regularizar salarios de oficinistas, médicos, policías y soldados este 2022

27 May 2022

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En este contexto, el titular del Ejecutivo señaló que el sueldo promedio de los 21 millones de trabajadores inscritos en la Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ya es de 14 mil 500 pesos mensuales

Aprobación de AMLO será ‘factor clave’ en elecciones del 5 de junio

26 May 2022

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En los comicios del 5 de junio renovarán gubernaturas las siguientes entidades: Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.