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17 Abril, 2026

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Tras 7 de 19 foros, el PRI ve acuerdo de reforma eléctrica en junio

27 Ene 2022

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Tras siete de los 19 foros del parlamento abierto, el líder del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, aseguró que hay “puntos de encuentro” para aprobar la iniciativa de reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador

Guardia Nacional, Secretaría de Gobernación y la Fiscalía hostigan a periodistas, acusa CNDH

26 Ene 2022

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En su informe 2021, entregado a la Comisión Permanente del Congreso, Piedra Ibarra acusó que estas acciones en contra de comunicadores fueron cometidas por diversas autoridades, entre las que destacan la Guardia Nacional

AMLO promete que no habrá impunidad en el caso de Lourdes Maldonado

25 Ene 2022

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El presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado no quedará impune y aseguró que dio instrucciones de investigar el caso a fondo y dar con los responsables

Buscarán que las elecciones de 2022 queden ‘blindadas’ ante el crimen organizado

24 Ene 2022

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Además de las elecciones en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, se realizarán elecciones extraordinarias para cargos locales en Oaxaca, Chiapas y Veracruz

Suprema Corte desecha controversia de senadores contra ‘decretazo’ de AMLO

21 Ene 2022

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó la acción de inconstitucionalidad que promovieron senadores de oposición contra el acuerdo presidencial que clasificó como seguridad nacional las obras y proyectos del gobierno federal

Gasto del INE sigue creciendo y no hay plan de austeridad, critica AMLO

20 Ene 2022

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“Lo del INE es un abuso, excesos, derroche. Ellos no tienen consciencia de lo que es la austeridad. La austeridad no es un asunto administrativo, es un asunto de principios”

Segob, Seguridad y el INE abordan elecciones estatales y revocación de mandato

19 Ene 2022

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El propósito es “detectar amenazas, riesgos y vulnerabilidades para prevenir, evitar y sancionar acciones de delincuencia en el contexto electoral”, por lo que se reforzará la seguridad en dichas entidades

Consejeros del INE que pelean por dinero rayan en lo “ambicioso vulgar”: AMLO

18 Ene 2022

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Los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) se ven mal peleando por dinero, pues rayan en lo “ambicioso vulgar”, consideró el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien a la vez externó que la revocación de mandato se tiene que hacer con las casillas que establece la ley

Consulta de revocación no es un asunto conmigo, es con la ley, dice AMLO al INE

17 Ene 2022

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La propuesta de ajuste presupuestal presentada al Instituto Nacional Electoral (INE) se derivó de su obligación de llevar a cabo la consulta de revocación de mandato y no de un asunto personal, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador

El PRI entrega a la Corte las firmas necesarias contra la Ley de Hidrocarburos

14 Ene 2022

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El coordinador de la bancada del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, presentó anoche ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las 46 firmas requeridas para hacer efectiva la acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Hidrocarburos

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.