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17 Abril, 2026

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Problema a la vista: los ‘pleitos’ internos del Tribunal Electoral

04 Jun 2021

258 veces

La falta de criterios consistentes, la toma de decisiones “camaleónicas” y “erráticas”, y, sobre todo, las fracturas y pugnas internas, pueden generar falta de certeza en las sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)

‘Se acata y se cumple’, responde AMLO sobre orden del INE para bajar tres ‘mañaneras’

03 Jun 2021

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Los comentarios ocurren luego de que la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó la suspensión de la difusión en redes sociales de tres conferencias matutinas del presidente de la República por constituir una intromisión a los procesos electorales.

Otorgan suspensión provisional a reforma que elimina regulación asimétrica de Pemex

31 May 2021

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Se concede la suspensión para el efecto de que se suspendan todas las consecuencias derivadas del Decreto por el que se reforma el texto original del artículo décimo tercero transitorio de la Ley de Hidrocarburos

La degradación en seguridad aérea de México afecta al aeropuerto de Santa Lucía

26 May 2021

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El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), ubicado en la base aérea militar de Santa Lucía, no fue tomado en cuenta en la auditoría realizada por las autoridades aeronáuticas de Estados Unidos

Cabeza de Vaca ‘gana’ una: juez concede suspensión provisional contra orden de aprehensión

25 May 2021

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Faustino Gutiérrez Pérez, juez octavo de Distrito en el estado de Tamaulipas, concedió una suspensión provisional contra cualquier orden de aprehensión girada para el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

Habrá recursos para cumplir con obras y apoyos en Presupuesto 2022: AMLO

24 May 2021

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El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que hay recursos para continuar con proyectos de desarrollo y programas sociales para el próximo año.

Alejandro Díaz de León no va a repetir como gobernador del Banxico: AMLO

21 May 2021

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Ya se le vence su periodo. No voy a renombrarlo. Se va a cumplir con el requisito, pero ya se termina el periodo del presidente de Banxico y de acuerdo con la ley, corresponde al titular del Ejecutivo, enviar al Senado la propuesta y lo voy a hacer

Congreso de Tamaulipas tiene que resolver si sustituyen a Cabeza de Vaca, dice López Obrador

20 May 2021

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El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró este jueves que el Gobierno de Tamaulipas debe resolver si se asignará un gobernador que sustituya a Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

México rebasa los 30 millones de dosis de vacuna COVID recibidas

19 May 2021

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Un lote con 585 mil dosis de la vacuna COVID de Pfizer llegó este miércoles al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), con lo que el total de biológicos recibidos en el país supera ya los 30 millones.

Fiscalía ‘dará pelea’ por Cabeza de Vaca: impugna decisión de la Corte que mantiene su fuero

18 May 2021

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El fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, impugnó ante el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, la resolución del ministro Juan Luis González Alcántara en la que consideró que Francisco Javier García Cabeza de Vaca aún mantiene su fuero

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.