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17 Abril, 2026

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Margarita Ríos y Yasmín Esquivel se perfilan para presidir salas de la Suprema Corte

04 Ene 2021

287 veces

La primera y segunda salas de la Corte renovarán hoy a sus titulares y, por primera vez en la historia, se perfila que estas sean presididas por dos mujeres, las ministras Margarita Ríos y Yasmín Esquivel.

A finales de marzo estarían vacunadas contra COVID todas las personas mayores de 60 años: AMLO

03 Ene 2021

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El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló este sábado que se calcula que para finales de marzo, toda la población mayor de 60 años estará vacunada contra COVID-19.

Inicia 2021 y se quiebra la primera alianza

02 Ene 2021

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Entre reproches mutuos, el PAN y Movimiento Ciudadano decidieron romper cualquier posibilidad de alianza en Jalisco para renovar el congreso local, diputados federales y alcaldías.

México ya pagó 6,500 mdp en vacunas contra COVID: Herrera

01 Ene 2021

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Arturo Herrera, secretario de Hacienda, afirmó que han pagado 6 mil 500 millones de pesos para la adquisición de vacunas contra el COVID.

Va por México prevé ‘guerra’ electoral vs. ‘ejército’ de servidores públicos de la 4T

31 Dic 2020

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En el encuentro se expuso que “en 2020 esta estructura fue encargada de la operación de 16 programas sociales, los cuales contarán con un monto presupuestario de 505 mil 262 millones de pesos para el siguiente ejercicio correspondiente al año 2021”.

Médico y su familia usaron influyentismo para vacunarse contra el COVID: AMLO

30 Dic 2020

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El presidente Andrés Manuel López Obrador comentó este miércoles que la familia de un médico recibió la vacuna contra el COVID-19, esto mediante influyentismo.

AMLO cancela viaje a Palenque para fin de año: 'estamos ampliando camas para atender pandemia'

29 Dic 2020

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El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó este martes el viaje que haría a Palenque, Chiapas, para pasar el Año Nuevo, y se quedará en la Ciudad de México para atender temas referentes a la pandemia de COVID-19.

Morena bloqueó 88 por ciento de las iniciativas de la oposición

28 Dic 2020

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Con un índice de productividad de apenas 11.7 por ciento en la parte final de la actual Legislatura de la Cámara de Diputados, la alianza Juntos Haremos Historia dio escasos resultados legislativos a sus aliados

AMLO y Sheinbaum evalúan plan para ampliar camas, equipos y médicos en CDMX por COVID-19

27 Dic 2020

278 veces

Evaluamos el plan de ampliación de camas, equipos y médicos para la ciudad y otras entidades, así como la segunda entrega de vacunas y aplicación a partir de mañana al personal médico que atiende COVID

Llega a México segundo cargamento de vacunas contra COVID-19 de Pfizer

26 Dic 2020

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Estas llegaron desde la planta de Pfizer en Puurs, Bélgica, a los aeropuertos de la Ciudad de México y Monterrey. A la capital llegaron 34 mil 125 dosis, mientras que al segundo arribaron 8 mil 775.

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.