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17 Abril, 2026

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Tribunal Electoral confirma validez de coalición 'Va por México' para diputaciones federales

27 Ene 2021

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En sesión pública, vía videoconferencia, la magistrada y magistrados consideraron que la denominación similar a la del partido Fuerza por México no genera confusión entre el electorado.

Partidos deberán postular a diputaciones federales a personas LGBT e indígenas

26 Ene 2021

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El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) modificó criterios aplicables para el registro de candidaturas a diputaciones para partidos políticos y coaliciones, con el fin de que estos incluyan a grupos históricamente discriminados.

Si todas las autoridades cuentan con perspectiva de género al investigar, seríamos otro país: Sánchez Cordero

25 Ene 2021

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Cada día es más amplio el espectro de violencias que sufren las mujeres, ya tenemos protocolos muy claros de cómo hacer investigaciones, protocolos con perspectiva de género

AMLO da positivo a COVID-19

24 Ene 2021

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Precisó que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, lo representará en las conferencias matutinas.

Biden apoyará con 4 mil mdd a Honduras, Guatemala y El Salvador para atender migración: AMLO

23 Ene 2021

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La administración de Joe Biden, mandatario de Estados Unidos, destinará 4 mil millones de dólares a Honduras, El Salvador y Guatemala para atender la migración, dijo este sábado el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Gobierno presenta recurso de inconformidad ante Tribunal Electoral por 'restricciones' del INE

22 Ene 2021

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Sí, ya presentamos un recurso de inconformidad al Tribunal porque es una censura abierta, descarada, entonces además es un atentado a la libertad, pero a ver qué resuelve el Tribunal

Demanda Congreso a Profeco sanción a negocios de concentradores y tanques de oxígeno

21 Ene 2021

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Los legisladores exigen aplicar las sanciones correspondientes a quien o quienes fijen sobreprecios de estos productos y servicios, así como a vigilar, retirar del mercado, sancionar y denunciar ante el Ministerio Público

Inicia oficialmente el Gobierno de Joe Biden, presidente número 46 de Estados Unidos

20 Ene 2021

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Joe Biden se convirtió este miércoles en el presidente número 46 de Estados Unidos.

Anaya descarta ir como diputado plurinominal; se apunta para elección presidencial de 2024

19 Ene 2021

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El panista Ricardo Anaya descartó ir como diputado plurinominal y decidió enfocarse en los comicios rumbo a la Presidencia de 2024, informó este lunes en sus redes sociales.

México es un ‘caso grave’ en el mundo frente a la pandemia

18 Ene 2021

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El sistema de salud “está enfermo” y le urge pasar ya a una “terapia intensiva” con más recursos presupuestales, con más personal, con políticas públicas en alimentación y otros diversos apoyos

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.