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17 Abril, 2026

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Llaman diputados a funcionarios de Hacienda a testificar en desafuero de García Cabeza de Vaca

17 Mar 2021

244 veces

Lo anterior, con la finalidad de desahogar el expediente SI/LXIV/DP/02/2021, relativo al requerimiento de desafuero del gobernador panista de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que solicitó la Fiscalía General de la República.

López Obrador afirma: 'Jueces no pueden ser intocables'

16 Mar 2021

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El presidente Andrés Manuel López Obrador remarcó su respeto para el Poder Judicial, pero subrayó que impugnará decisiones que considere incorrectas.

'No callaré ante pillaje e injusticia': AMLO envía carta a Suprema Corte por juez que frenó reforma eléctrica

15 Mar 2021

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El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer este lunes que envió una carta la presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, por el caso del juez que frenó la reforma eléctrica.

Comparecerá gobernador en San Lázaro por desafuero

14 Mar 2021

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La Sección Instructora de la Cámara de Diputados acordó abrir el periodo probatorio del juicio de desafuero en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por lo cual será llamado a comparecer ante los legisladores

Morena confirma a Félix Salgado como su candidato en Guerrero

13 Mar 2021

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La dirigencia de Morena anunció este viernes que decidió ratificar a Félix Salgado Macedonio como su candidato a la gubernatura de Guerrero.

AMLO anuncia que acudirá a Suprema Corte por suspensión provisional de ley eléctrica

12 Mar 2021

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El presidente Andrés Manuel López Obrador comentó este viernes que buscará llevar la suspensión provisional de la Ley Eléctrica a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

¡Histórico! Diputados avalan el uso lúdico de la mariguana; ley regresa al Senado

11 Mar 2021

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En una discusión que se prolongó hasta la madrugada de este jueves, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el uso lúdico, libre y legal de la mariguana en el país.

No hay error, son diferentes metodologías en costos de cancelación del NAIM: auditor de ASF

10 Mar 2021

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“No hay error” en la auditoría de los costos financieros estimados de la cancelación del Aeropuerto de Texcoco, sostuvo el auditor especial de desempeño de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Agustín Caso Raphael.

#El9MNingunaSeMueve: Convocan a segundo paro de mujeres en México

09 Mar 2021

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Agrupaciones feministas y mujeres en general hicieron un llamado a realizar un segundo paro de labores para este martes 9 de marzo (9M), como parte de las protestas ante la violencia feminicida y general que ha continuado durante la pandemia de COVID-19.

'México está listo para el uso lúdico de cannabis': Morena

08 Mar 2021

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El país está preparado, hay conciencia de la gente y estoy segura que va ayudar mucho, porque se evitarán muchos problemas con la inseguridad y la violencia

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.