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18 Abril, 2026

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ASF revela anomalías en Salud, obra pública y gobiernos estatales

03 Nov 2020

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En la entrega de la segunda parte de los informes individuales de las auditorías al primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la transparencia es “limitada” en la 4T y la información sigue sin fluir, advirtió el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), David Colmenares.

Rosa Icela Rodríguez será la nueva secretaria de Seguridad, si acepta: López Obrador

30 Oct 2020

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El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó este viernes que quiere que la titularidad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) sea ocupada por Rosa Icela Rodríguez, para sustituir a Alfonso Durazo.

Tribunal Electoral valida triunfo de Mario Delgado en interna de Morena

29 Oct 2020

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El pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) validó este miércoles el triunfo de Mario Delgado como nuevo presidente de Morena.

Gobernadores de Alianza Federalista 'le toman la palabra' a AMLO con consultas sobre pacto federal

28 Oct 2020

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“Tomándole la palabra al presidente, hicimos un ejercicio de calentamiento para la consulta que haremos pronto. Les hicimos una pregunta a las ganaderas y ganaderos de Jalisco”, expuso Alfaro en un video subido a su cuenta.

INE prevé requerir 1,499 mdp para hacer la consulta de juicio a expresidentes

27 Oct 2020

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Estos recursos, en caso de ser aprobados por el Consejo General del INE, deberán ser solicitados a la Cámara de Diputados para su análisis e integración en el Presupuesto de Egresos del Instituto para el ejercicio 2021.

Ante los desafíos, el Edoméx no se detiene y se hace equipo con los mexiquenses para construir un estado con oportunidades de desarrollo: Alfredo Del Mazo

26 Oct 2020

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En estos tres años, haciendo equipo con las familias mexiquenses, construimos un Estado de México más justo, con mayores oportunidades para las familias, para los más vulnerables y, en especial, para las mujeres

La CDMX tiene 10 mil casos activos de COVID-19 y se encamina al semáforo rojo

23 Oct 2020

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Con una creciente ocupación hospitalaria, 151 mil 917 casos de COVID-19 y 14 mil 616 defunciones reportadas ayer, la Ciudad de México se encamina por la ruta del semáforo rojo y el regreso a un confinamiento total.

Inhabilitan por un año a Mancera para desempeñar cargos en CDMX

22 Oct 2020

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La Dirección General de Responsabilidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General de Ciudad de México inhabilitó al senador Miguel Ángel Mancera por un año para desempeñar cargos en la administración pública de la capital.

Oposición no quita ‘el pie del freno’ para defender fideicomisos

21 Oct 2020

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Con votos en contra de las bancadas del PAN, PRI, MC, PRD y PT, Morena y sus aliados del PES y PVEM, buscaba, al cierre de esta edición, aprobar en el pleno del Senado el dictamen en materia de extinción de fideicomisos, equivalentes a 68 mil millones de pesos

Evalúa Hacienda ajustes en Miscelánea

20 Oct 2020

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a Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados pospuso para este martes la discusión y aprobación de la Miscelánea Fiscal, luego de que los legisladores de Morena señalaron que hay varios “cambios importantes” que están en la cancha de la Secretaría de Hacienda

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.