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17 Abril, 2026

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INE aprueba voto electrónico para elecciones de Coahuila e Hidalgo en 2020

17 Dic 2019

313 veces

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó este lunes, con ocho votos a favor y tres en contra, los lineamientos para el voto electrónico en los procesos electorales locales de Coahuila e Hidalgo.

México Libre logra número requerido de asambleas para acreditarse como partido político

16 Dic 2019

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"Una fuerte base ciudadana y el apoyo suficiente para construir la oposición que el país necesita", dijo México Libre al señalar en un comunicado que logró más de 200 Asambleas Distritales válidas.

Dan de baja a 17 mil beneficiarios de 'Sembrando vida' que pretendían 'cobrar sin trabajar'

14 Dic 2019

296 veces

En la entidad, fueron mil 500 los campesinos que fueron sancionados, primero con la retención de su apoyo económico y después con su baja definitiva, pues en las visitas de inspección se confirmó que no estaban trabajando sus hectáreas, lo que también impactó en las metas.

Niegan suspensión definitiva a Rosario Robles

13 Dic 2019

286 veces

Así confirmó la sentencia del Juez de Distrito que argumentó que concederle la suspensión a la exjefa de Gobierno del entonces Distrito Federal contraviene disposiciones de orden público y se causaría perjuicio al interés social.

He sido objeto de canalladas; tramité un amparo para evitar arbitrariedades, acusa Beltrones

12 Dic 2019

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Por esta razón, habría pedido un amparo y protección de la justicia contra cualquier posible orden de aprehensión que haya sido librada contra él en la Fiscalía General de la República (FGR) y en la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua.

Estamos limpiando la casa y no cesaremos: Zaldívar

11 Dic 2019

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"Queremos sacar de nuestras filas a los malos servidores públicos, los corruptos, pero también a los mediocres, a los que no están a la altura de la investidura que ostentan, y los que entienden esa investidura como privilegio y no como servicio"

Unidad de Inteligencia bloquea mil 415 mdp vinculados a actos de corrupción

10 Dic 2019

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El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, reveló que en lo que va de 2019, ese organismo ha bloqueado las cuentas de 178 personas físicas y morales, lo que equivale a 1,415 millones de pesos

Morena aventaja 3-1 al PAN en preferencia electoral rumbo a 2021... pero pierde terreno ante indecisos

09 Dic 2019

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De las simpatías que ha perdido Morena, la oposición ha ganado poco, y más bien se han trasladado a las filas de los indefinidos.

Alcalde de Cuernavaca exige envío de la Guardia Nacional tras asesinato de secretario de Seguridad Pública

06 Dic 2019

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Por medio de un comunicado, el alcalde y demás funcionarios señalaron que la estrategia de seguridad en Morelos no funciona.

La CNDH siempre había sido un organismo de simulación: Piedra Ibarra

05 Dic 2019

307 veces

Desde su creación, en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha sido un organismo “de simulación” en México para proteger algunos intereses

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.