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La decisión de Medina Mora de renunciar fue libre; no di instrucciones para que se le acosara: AMLO

07 Oct 2019

310 veces

Eduardo Medina Mora tomó libremente su decisión de dimitir a su cargo como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dijo este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador.

AMLO acepta renuncia de Eduardo Medina Mora... ¿qué sigue ahora?

04 Oct 2019

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De acuerdo con el Artículo 98 de la Constitución, las renuncias de los ministros de la Corte solamente procederán por causas graves, y serán sometidas al Ejecutivo, cuando este la acepte será enviada al Senado para su aprobación.

Falta por rehabilitar 9.8% de escuelas afectadas por los sismos: Moctezuma

03 Oct 2019

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Durante su comparecencia este jueves ante el Pleno de la Cámara de Diputados, con motivo del análisis del Primer Informe de Gobierno del Ejecutivo federal, el funcionario afirmó que esas escuelas serán rehabilitadas en 2020.

Preocupa posible uso político del SAT, admite Delgado

03 Oct 2019

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Han sido muy útiles las reuniones con las autoridades hacendarias para aclarar el tema, que preocupa a muchos de que pudiera haber una persecución fiscal o un uso político de las facultades del SAT, por ser delincuencia organizada

Consulta para 'Ley Bonilla' será el 13 de octubre y se hará una 'vaquita' para financiarla: diputado

02 Oct 2019

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Para ello se instalarán entre 250 y 300 casillas con mil 500 boletas cada una. En total serían unas 450 mil boletas.

INE, el 'villano favorito' de López Obrador

01 Oct 2019

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El último encontronazo fue la semana pasada, cuando López Obrador los acusó de “convertirse en paladines de la democracia”.

SEP publica decretos por los que se expiden las leyes secundarias de la reforma educativa

30 Sep 2019

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La Ley General de Educación contempla la abrogación de la Ley de la Infraestructura Física Educativa y revaloriza al magisterio al concebirlo como un agente fundamental en el proceso educativo.

México ha recuperado la confianza en sí mismo, afirma Ebrard en Asamblea General de la ONU

29 Sep 2019

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México, de nueva cuenta, tiene confianza en sí mismo a partir de las acciones del actual Gobierno federal, aseguró este sábado el canciller Marcelo Ebrard en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.

No dije ninguna mentira, ni fabriqué pruebas sobre 'verdad histórica' de caso Ayotzinapa: Murillo Karam

27 Sep 2019

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A cinco años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, aseguró que durante el tiempo que estuvo al frente de la indagatoria hizo todo lo que tenía que hacer y aplicó todo su conocimiento, ganas y voluntad para clarificar el caso.

Falsas e infundadas, las declaraciones de AMLO sobre Mexicanos contra la Corrupción: abogado de la organización

26 Sep 2019

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"Nosotros no perseguimos ni atacamos a personas, nos enfocamos en identificar redes de corrupción y acciones que pudieran atentar contra el Estado de Derecho y la legalidad"

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UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.