Desde hace varios días comenzó la desbandada de jueces y magistrados con motivo de la reforma judicial que alcanzó su vórtice con la elección de juzgadores el pasado 1 de junio y que, con la orquesta de acordeones, resultaron electos una nueva camada de jueces cuyos méritos jurídicos están en entredicho, no así su lealtad a la 4T.

Ante el descontento por la reforma judicial de AMLO y Sheinbaum, empleados e impartidores de justicia adelantan su retiro o presentan su renuncia lo que implica necesariamente el inicio de la crónica de la destrucción del Poder Judicial en donde los ciudadanos son los directamente afectados por la violación de sus derechos constitucionales debido al resquebrajamiento del sistema jurídico que los defienda ante abusos del poder público y en litigios ante particulares.

Tan solo en lo que va de este año, se han registrado más renuncias que en todo 2024 y como se observan las cosas, seguirá está práctica en los próximos días, además de que en buena parte de estos trabajadores judiciales recae el trabajo especializado que se hace en los juzgados, es decir, el Poder Judicial queda en el peor de los mundos; ya que por un lado, se va el personal más valioso y por otro, llegan juzgadores electos que, la gran mayoría de ellos, no tienen la experiencia ni los conocimientos para impartir justicia bajo criterios de independencia y autonomía con pleno respeto al orden constitucional.

Los cambios a la Constitución en materia de reforma judicial cancelaron el valor de los méritos para ascender a juez o magistrado y se privilegió el voto ciudadano por encima de la profesionalización y especialización.

Aunque se aprobó una nueva Ley de Carrera Judicial que establece que está continúe, sólo aplicará para llegar a ser secretarios y hasta ese nivel llega el ascenso.

La renovación de la gente de los órganos jurisdiccionales, aunado a que la gran mayoría de los jueces electos, ni siquiera tienen experiencia en la elaboración de un proyecto de sentencia y  menos en la impartición de justicia, coadyuvan a la destrucción del Poder Judicial.

Hay que sumarle a este caos, el enorme rezago que prevalece en los juzgados y a la falta de personal y si esto no fuera suficiente para presagiar la tormenta,  en la CDMX hay que agregar que, luego de un paro de labores de los trabajadores del Poder Judicial de la capital del país, por cerca de un mes, regresaron a sus faenas  hace una semana y ahora se disponen a gozar de sus vacaciones y muchos de ellos ya no regresarán a causa de su adelantado finiquito.

Las consecuencias y los daños  de las ocurrencias y  venganzas de un tabasqueño contra los ministros de la Suprema Corte y jueces,  han demolido a uno de los poderes de la Unión que fue precisamente una de las conquistas plasmadas por el constituyente en 1917

 Con una ligereza que asusta, la presidenta Sheinbaum, cada vez que puede, presume de contar con un Poder Judicial democrático, cuando per se, debe considerarse como un órgano jurisdiccional que vele por los derechos y obligaciones de todos los mexicanos.

No tienen idea del caos que se avecina y que, sin duda, compromete la misma gobernabilidad.

En momentos en que hay cerrar filas para resistir los embates del Donald Trump, la presidenta avala la destrucción del Poder Judicial y con ello asusta a las inversiones que generan la creación de empleos formales, desarrollo económico e incrementa los niveles de captación de impuestos.

Ningún país  del mundo puede crear los empleos que requiere la población sin la participación de la iniciativa privada y menos del capital, por ello, resulta un sueño guajiro apostarle a un Plan México, si se carece de un estado de derecho robusto y con pleno respeto a la Carta Magna.

Entre los aranceles de Trump y otro tipo de sanciones como el impedimento a ingresar ganado mexicano a Estados Unidos o la medida antidumping contra el jitomate; y la conformación de un nuevo entramado jurídico para vulnerar los derechos fundamentales y la destrucción del Poder Judicial; se enturbia la gestión de presidenta Sheinbaum quien tiene que enfrentar el estancamiento económica y la recesión.

Los diversos colectivos y observatorios especializados en temas jurídicos han reiterado que cerca del 60 por ciento de las candidaturas que estuvieron en juego el 1 de junio no contaba con carrera judicial y más del 70 por ciento de los aspirantes no tenían especialización en temas claves del derecho.

Si en la actualidad, cualquier individuo o persona moral que tenga la desgracia de dirimir sus diferencia en un juzgado o que pretenda que se le haga justicia, sabe que será una gran pérdida de tiempo, dinero y esfuerzo, para que, luego   después de años y amparos, se emita la sentencia respectiva, bueno, pues  a partir del 1 de agosto y por los menos en la mitad de los tribunales del país se vivirá un viacrucis más doloroso.