A once meses de las elecciones intermedias de 2027, el tema de la seguridad de quienes aspiran a un cargo de elección popular debería ocupar el primer lugar de la agenda nacional. Sin embargo, el gobierno federal y los partidos políticos parecen más concentrados en la disputa por las candidaturas que en impedir que el crimen organizado vuelva a meter las manos en los comicios.

La experiencia reciente demuestra que el riesgo es real. Durante el proceso electoral de 2024, considerado uno de los más violentos de la historia contemporánea del país, al menos 34 aspirantes o candidatos fueron asesinados en plena contienda, mientras decenas más sufrieron atentados, amenazas o secuestros. La violencia se concentró principalmente en las elecciones municipales, el nivel de gobierno más vulnerable a la infiltración criminal.

No se trata únicamente de proteger la integridad física de los candidatos. Está en juego la libertad del voto y la capacidad del Estado para impedir que organizaciones criminales capturen gobiernos municipales, congresos locales e incluso gubernaturas.

Los grupos delincuenciales han comprendido que resulta mucho más rentable influir en una elección que enfrentar permanentemente al Estado. Un alcalde, un diputado local o un gobernador sometido a sus intereses le garantiza acceso a información privilegiada, protección institucional, contratos públicos, control de policías municipales y libertad para operar sus negocios ilícitos.

Por eso la violencia política dejó de ser un fenómeno aislado para convertirse en una estrategia de control territorial.

Las cifras continúan siendo alarmantes. Tan sólo durante el actual sexenio han sido asesinados 14 presidentes municipales, mientras especialistas advierten que la violencia contra autoridades locales podría recrudecerse conforme se acerquen las elecciones de 2027. En los comicios de 2024 fueron asesinados 34 aspirantes a alcaldías, evidencia de que el ámbito municipal sigue siendo el principal objetivo del crimen organizado.

El problema no se resuelve únicamente asignando escoltas a unos cuantos candidatos durante las campañas. Se requiere una estrategia integral que involucre al gobierno federal, las entidades federativas, el INE, los organismos electorales locales, la Fiscalía General de la República, las fiscalías estatales y, desde luego, a los propios partidos políticos.

Resulta indispensable establecer protocolos nacionales de protección para aspirantes, candidatos y funcionarios municipales en zonas de alto riesgo; fortalecer los mecanismos de inteligencia para detectar financiamiento ilícito en campañas; auditar con mayor rigor el origen de los recursos utilizados por los partidos y, sobre todo, impedir que personajes vinculados con organizaciones criminales puedan competir por cargos públicos.

La prevención debe comenzar desde el registro de las candidaturas y no cuando ya ocurrieron los atentados.

Otro aspecto igualmente delicado consiste en revisar los mecanismos mediante los cuales los partidos seleccionan a sus candidatos. En numerosas regiones del país, las decisiones ya no dependen exclusivamente de las dirigencias partidistas o de los electores, sino de los intereses de grupos criminales que buscan colocar perfiles afines a sus actividades.

Cuando eso ocurre, la democracia deja de decidir quién gobierna y son las organizaciones delincuenciales las que terminan definiendo el rumbo político de comunidades enteras.

El caso de Sinaloa representa una advertencia que no puede ignorarse. Las acusaciones, investigaciones y testimonios que han rodeado al exgobernador Rubén Rocha Moya colocaron nuevamente sobre la mesa el debate acerca de la posible infiltración del crimen organizado en las estructuras del poder político. Independientemente de las responsabilidades legales que correspondan determinar a las autoridades competentes, el daño institucional ya está hecho: la sola sospecha erosiona la confianza ciudadana y debilita la legitimidad de las instituciones.

La violencia político-criminal no distingue colores partidistas. Morena, PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, PVEM y partidos locales han perdido candidatos, alcaldes, dirigentes y militantes víctimas de atentados. Precisamente por ello, este no debería ser un asunto de confrontación política, sino un acuerdo de Estado.

De poco servirán las campañas, los debates o las promesas electorales si los ciudadanos llegan a las urnas bajo el temor impuesto por grupos armados.

Las elecciones de 2027 pondrán nuevamente a prueba la capacidad del Estado mexicano para garantizar condiciones mínimas de libertad y legalidad. Si no se actúa desde ahora, el país corre el riesgo de repetir la historia de procesos electorales marcados por la sangre, el miedo y la intimidación.

La democracia mexicana ya enfrenta suficientes desafíos como para permitir que el crimen organizado también decida quién puede competir, quién debe retirarse y, peor aún, quién debe morir para que otros lleguen al poder.