Lo que es la kafkiana vida política mexicana. Enrique Inzunza Cázarez pasó, en cuestión de semanas, de ser uno de los personajes más poderosos de Sinaloa y aspirante aventajado de Morena a la gubernatura, a convertirse en un auténtico problema político para sus compañeros de partido. El senador sinaloense, señalado por autoridades estadounidenses dentro de las investigaciones que alcanzan a personajes políticos de aquella entidad por presuntos vínculos con el crimen organizado, enfrenta ahora algo que en política puede resultar incluso más devastador que una acusación judicial: el abandono de los suyos.

Hasta antes de que Rubén Rocha Moya pidiera licencia por primera vez, hace 113 días, Inzunza aparecía en primera fila de la sucesión sinaloense. Tenía estructura, relaciones políticas, cercanía con el gobernador y una posición privilegiada desde el Senado para construir su candidatura. Era, para decirlo coloquialmente, uno de los favoritos del régimen estatal para prolongar el dominio morenista en Sinaloa.

Hoy ocurre exactamente lo contrario.

Sus propios correligionarios preferirían que solicite licencia, que no aparezca en la plenaria del grupo parlamentario de Morena prevista para el próximo 30 de agosto y, mucho menos, que ocupe su escaño durante el arranque del periodo ordinario de sesiones del Congreso el 1 de septiembre. Nadie quiere la fotografía, nadie quiere compartir tribuna y pocos parecen dispuestos a pagar el costo político de defender públicamente al senador sinaloense.

De héroe a apestado. Así de rápido funciona la política cuando el poder comienza a abandonar a quienes hasta ayer parecían intocables.

La rebelión contra la presidenta Sheimbaum está pasando factura.

Para nadie en Sinaloa resultaban desconocidas las versiones y señalamientos que durante años circularon alrededor de personajes del grupo político encabezado por Rocha Moya. Sin embargo, mientras existió protección política, prácticamente nadie dentro de Morena levantó la voz. Ahora que desde Estados Unidos aumentó la presión sobre políticos sinaloenses, las lealtades comienzan a evaporarse con extraordinaria rapidez.

Dónde quedan esos morenistas como el senador Ignacio Mier, quien consideraba a Inzunza como un iluminado de la política y hoy es repudiado por él y sus mismos compañeros.

Morena sabe perfectamente que la presencia de Inzunza en el Senado durante el inicio del periodo ordinario entregaría municiones suficientes a la oposición para convertir la sesión en un espectáculo político. PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, incluso los partidos aliados como PT y PVEM, difícilmente desperdiciarían la oportunidad de exigir explicaciones sobre los señalamientos que pesan sobre el sinaloense y, por extensión, sobre la situación política que atraviesa Sinaloa.

Imagine usted el escenario: Inzunza ocupando su escaño mientras desde la tribuna se multiplican las acusaciones sobre presuntos vínculos entre políticos y organizaciones criminales. Sería una fotografía devastadora para Morena justo cuando el partido necesita sacudirse cualquier sospecha de complicidad con personajes investigados al norte del río Bravo.

Por eso sus compañeros prefieren verlo lejos.

No necesariamente porque súbitamente hayan descubierto una vocación por la rendición de cuentas, sino porque Inzunza se convirtió en un activo tóxico. Mientras representaba votos, estructura territorial y continuidad política en Sinaloa, pocos cuestionaban sus antecedentes. Cuando se dio la insubordinación contra la presidenta Claudia Sheinbaum por parte de Rubén Rocha y secuaces, pues la cosa cambio.

Esa es precisamente la parte kafkiana del asunto.

Si existen elementos suficientes para sospechar que un senador de la República cometió delitos, lo procedente es que las autoridades mexicanas investiguen y determinen responsabilidades. Y si no existen pruebas, también corresponde defender el principio elemental de presunción de inocencia. Lo absurdo sería construir una tercera vía: mantenerlo cobrando como senador, conservarle el fuero y las prerrogativas, pero pedirle discretamente que no aparezca por el Senado porque su presencia incomoda políticamente.

Ni acusado formalmente en México ni políticamente exonerado; ni fuera del Senado ni plenamente integrado a su bancada. Una especie de senador fantasma.

El problema para Inzunza es que su situación difícilmente terminará con una ausencia en la plenaria morenista. Lo verdaderamente importante será observar qué pasos siguen las autoridades estadounidenses y, particularmente, si los señalamientos existentes derivan en acciones judiciales concretas que pudieran buscar llevarlo ante una corte de aquel país.

El gobernador con segunda licencia y el senador apestado ya son un problema en la relación bilateral para el gobierno mexicano y tan solo será cuestión de tiempo para que estén ambos ante la justicia norteamericana, al menos que se adelanten los sabuesos de la fiscal Ernestina Godoy y los encierren en el penal del Altiplano.