El legado maldito de AMLO

La principal obligación de cualquier presidente es garantizar la seguridad de los ciudadanos. Sin embargo, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la estrategia de «abrazos, no balazos» se convirtió en uno de los aspectos más cuestionados de su administración. La persistencia de la violencia, las disputas territoriales entre organizaciones criminales y la incapacidad del Estado para garantizar la tranquilidad en numerosas regiones exhibieron las limitaciones de aquella política. El discurso de atender las causas sociales no sustituyó la necesidad de combatir eficazmente a los grupos criminales.

2. El avance del crimen organizado y la pérdida de control territorial

La violencia en diversas entidades evidenció que el problema de la seguridad no podía resolverse únicamente mediante programas sociales y declaraciones presidenciales. Las extorsiones, los homicidios, las desapariciones y el desplazamiento de comunidades se convirtieron en problemas cotidianos para miles de familias. La discusión de fondo no consiste en negar la importancia de atender las causas de la delincuencia, sino en cuestionar por qué esa atención no estuvo acompañada de resultados suficientes en materia de seguridad y justicia.

3. La militarización de la seguridad pública

López Obrador llegó al poder con críticas a la militarización impulsada por gobiernos anteriores. Sin embargo, durante su administración amplió considerablemente las responsabilidades de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y otras actividades civiles. La Guardia Nacional terminó vinculada institucionalmente a la estructura militar, mientras el Ejército y la Marina asumieron funciones adicionales. Esta transformación abrió un debate sobre los límites de la participación castrense, la rendición de cuentas y el fortalecimiento que debieron recibir las policías civiles.

4. El debilitamiento de los organismos autónomos

Uno de los rasgos más controvertidos del sexenio fue la confrontación con organismos constitucionales autónomos. Instituciones encargadas de regular sectores estratégicos, garantizar derechos y establecer contrapesos fueron objeto de críticas y reformas. La desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia Económica y otros organismos, así como la transformación del sistema de transparencia, modificaron profundamente el diseño institucional del país. La pregunta fundamental es si estos cambios fortalecieron la democracia o concentraron mayores facultades en el poder político.

5. La desaparición del Consejo de Promoción Turística de México

La eliminación del Consejo de Promoción Turística de México modificó el modelo mediante el cual el país proyectaba internacionalmente sus destinos turísticos. El argumento gubernamental fue reducir estructuras y gastos administrativos, pero la decisión también generó cuestionamientos sobre la capacidad de mantener una estrategia profesional, sostenida y especializada de promoción internacional. En una economía donde el turismo genera empleos, divisas y oportunidades para numerosas regiones, prescindir de una institución especializada exigía demostrar que el nuevo modelo podía producir resultados equivalentes o mejores.

6. La desaparición del FONDEN y la respuesta ante los desastres naturales

La desaparición del Fondo de Desastres Naturales representó otro cambio de gran trascendencia. El gobierno sostuvo que era necesario combatir la corrupción y evitar el uso irregular de los recursos públicos. Sin embargo, eliminar un mecanismo institucional no resolvía por sí mismo los problemas de prevención, reconstrucción y atención a las comunidades afectadas. La cuestión central era garantizar que existieran recursos oportunos, reglas claras y mecanismos verificables para responder a terremotos, huracanes e inundaciones. La protección de la población no puede depender únicamente de decisiones administrativas o de la disponibilidad presupuestaria del momento.

7. La cancelación del aeropuerto de Texcoco

La cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, en Texcoco, fue una de las decisiones económicas más emblemáticas de López Obrador. El proyecto había generado cuestionamientos ambientales, financieros y contractuales, pero su cancelación también produjo costos económicos, compromisos financieros y una prolongada controversia sobre el uso de los recursos públicos. Más allá de las posiciones políticas, la decisión planteó una pregunta esencial: ¿se justificó suficientemente el costo de abandonar una infraestructura estratégica y sustituirla por un modelo aeroportuario diferente? La discusión sobre Texcoco se convirtió en un símbolo de la relación entre decisiones presidenciales, certidumbre jurídica y confianza de los inversionistas.

8. Las grandes obras y el costo de las prioridades presidenciales

El Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y la refinería de Dos Bocas fueron presentados como proyectos emblemáticos de la transformación nacional. Sus defensores destacaron la infraestructura, el desarrollo regional y la soberanía energética; sus críticos cuestionaron los costos, los plazos, los impactos ambientales y las expectativas de rentabilidad. La evaluación de estas obras requiere distinguir entre los beneficios potenciales, los resultados comprobables y los recursos comprometidos. Un gobierno no debe medirse solamente por el número de obras inauguradas, sino por su utilidad social, su sostenibilidad financiera y su contribución efectiva al desarrollo.

9. El endeudamiento y la presión sobre las finanzas públicas

Aunque López Obrador hizo de la austeridad y la disciplina fiscal parte de su discurso, el comportamiento de la deuda pública y las necesidades de financiamiento del sector público dejaron un debate importante sobre la sostenibilidad de las finanzas nacionales. El análisis no debe limitarse a una cifra aislada: también debe considerar el crecimiento económico, los ingresos públicos, las tasas de interés, los compromisos de las empresas estatales y las obligaciones futuras. La pregunta es si el gobierno dejó suficiente margen fiscal para atender nuevas necesidades sociales, invertir en infraestructura y enfrentar posibles crisis económicas sin comprometer excesivamente a las siguientes administraciones.

10. El deterioro y la incertidumbre en el sistema de salud

La transformación del sistema de salud estuvo marcada por cambios institucionales, problemas de implementación y cuestionamientos sobre el abastecimiento de medicamentos y la atención a los pacientes. La desaparición del Seguro Popular y la creación de nuevos esquemas buscaron modificar la cobertura sanitaria, pero la transición generó dificultades que fueron denunciadas por pacientes, trabajadores y especialistas. Posteriormente se impulsaron nuevos mecanismos de atención, incluido el IMSS-Bienestar. La evaluación debe centrarse en una pregunta elemental: ¿los ciudadanos pudieron acceder oportunamente a médicos, tratamientos, medicamentos y hospitales con mejores resultados que antes?

11. El retroceso educativo y los desafíos de la formación nacional

La educación fue otro de los grandes desafíos del sexenio. La pandemia provocó una interrupción extraordinaria de las clases presenciales y pérdidas de aprendizaje que no pueden atribuirse exclusivamente a una sola administración. Sin embargo, también correspondía al gobierno establecer estrategias eficaces de recuperación, evaluar los rezagos y fortalecer la formación docente. Los resultados internacionales, como los de PISA, mostraron importantes dificultades del sistema educativo mexicano. El cambio de planes y programas, la distribución de materiales y la orientación de la política educativa generaron controversias. El problema de fondo es que sin educación de calidad resulta mucho más difícil reducir la pobreza y elevar la productividad.

 12. La debilidad del crecimiento económico y la inversión

La economía mexicana enfrentó durante el sexenio condiciones internacionales adversas, incluida la pandemia, que afectó profundamente la actividad productiva. Aun así, las decisiones internas también deben examinarse por sus efectos sobre la confianza empresarial, la inversión y la productividad. La cancelación de proyectos, la incertidumbre regulatoria y los cambios en las reglas de determinados sectores alimentaron cuestionamientos sobre la certidumbre para invertir. Aunque México mantuvo ventajas importantes por su integración comercial con Estados Unidos, el reto consistía en convertir esas oportunidades en un crecimiento más sólido, con empleos mejor remunerados y mayor productividad.

13. La confrontación con los contrapesos y la polarización política

Las conferencias presidenciales diarias se convirtieron en el principal instrumento de comunicación política de López Obrador. Desde ellas, el mandatario fijó la agenda pública y defendió sus decisiones, pero también protagonizó enfrentamientos recurrentes con periodistas, opositores, organizaciones civiles y críticos de su gobierno. La polarización no comenzó con su administración ni puede atribuirse exclusivamente a ella; sin embargo, el lenguaje presidencial tuvo un peso particular por la autoridad y visibilidad del cargo. Una democracia sólida requiere debate público, crítica al poder y respeto a quienes piensan diferente.

14. La opacidad y las contradicciones del discurso anticorrupción

López Obrador construyó buena parte de su legitimidad política alrededor de la promesa de combatir la corrupción y terminar con los privilegios. Sin embargo, durante su gobierno surgieron controversias y denuncias relacionadas con contratos, posibles conflictos de interés, asignaciones de recursos y actuaciones de funcionarios o personas cercanas al poder. Cada caso exige distinguir entre señalamientos, investigaciones y responsabilidades acreditadas; no es correcto presentar todas las acusaciones como hechos probados. Pero precisamente por haber hecho de la honestidad una de sus principales banderas, el gobierno tenía la obligación de garantizar investigaciones independientes, transparencia y rendición de cuentas sin excepciones.

15. La contradicción entre el discurso de transformación y el legado institucional

El balance final del sexenio debe considerar tanto los programas sociales y el aumento del salario mínimo como las deficiencias y controversias en seguridad, salud, educación, infraestructura y funcionamiento institucional. Reconocer los avances no obliga a ignorar los problemas, del mismo modo que señalar los errores no significa desconocer todos los beneficios de las políticas públicas. La principal crítica al legado de López Obrador es que su proyecto de transformación concentró una enorme autoridad política, pero dejó interrogantes sobre la eficacia del Estado, la fortaleza de los contrapesos y la capacidad de resolver problemas estructurales.

Para Claudia Sheinbaum, esa herencia representa un desafío político y administrativo. Continuar el proyecto de su antecesor implica asumir también la responsabilidad por sus resultados, corregir sus errores y demostrar que la continuidad puede traducirse en mejores condiciones de seguridad, bienestar, crecimiento y justicia.

La evaluación definitiva de un presidente no depende solamente de la popularidad que conserve, de la fuerza de su movimiento político o de la magnitud de sus promesas. Depende, sobre todo, de los resultados que deja, de la fortaleza de las instituciones y de las condiciones en que entrega el país a quienes deben gobernarlo después.

La denominación de Estados Unidos a los cárteles de la droga como narcoterroristas, abre la persecución de ese país contra políticos mexicanos coludidos con los criminales y ello, de suyo, traerá grandes costos políticos a la 4t, además de los casos de huachicoleo fiscal que se trató de una operación gigantesca de más de 800 mil millones de pesos con daño al erario público.

Octubre 2026

Una decapitación orquestada desde la 4T

La decapitación de la estatua del expresidente Felipe Calderón en Los Pinos no puede reducirse a una anécdota de protesta sindical ni mucho menos justificarse como un simple acto simbólico contra quien decretó la extinción de Luz y Fuerza del Centro en 2009. Lo ocurrido es un acto de vandalismo dentro de un recinto administrado por el Estado y, por ello, plantea una pregunta elemental: ¿cómo fue posible que un grupo de manifestantes ingresara, destruyera una escultura y se paseara con su cabeza sin que la seguridad del lugar lo impidiera?

Los hechos están documentados. Integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas, azuzados por Jesús Ramírez Cuevas, asesor presidencial, ingresaron al Complejo Cultural Los Pinos después de manifestarse contra Calderón, quien participaba en el Foro América Libre 2026. Los inconformes encontraron la estatua en el suelo, donde permanecía desde que un árbol la derribó en 2025, y procedieron a golpearla hasta desprenderle la cabeza. Uno de los participantes incluso caminó con ella antes de arrojarla contra el piso.

La primera responsabilidad del gobierno es por omisión. Durante más de un año permitió que una pieza perteneciente al acervo histórico de Los Pinos permaneciera abandonada en el suelo. En julio de 2025, la dirección del complejo había anunciado que sería restaurada y reinstalada; eso no ocurrió.

La segunda responsabilidad es todavía más grave: la incapacidad o falta de voluntad de la seguridad del recinto para impedir su destrucción. Los reportes disponibles señalan que durante el vandalismo no hubo intervención policial ni del personal encargado de proteger el Centro Cultural.

Y allí aparece el problema político.

No existe hasta ahora evidencia pública que permita asegurar que la presidenta Claudia Sheinbaum ordenó la agresión o que Jesús Ramírez instruyó al SME para destruir la estatua. Afirmarlo como hecho sin pruebas desviaría la atención de algo que sí puede exigirse al gobierno: explicar por qué permitió que ocurriera dentro de un inmueble bajo responsabilidad federal y por qué nadie protegió un bien que formaba parte del recinto.

Porque el Estado de derecho también se defiende cuando el personaje agraviado es un adversario político.

Felipe Calderón puede ser cuestionado por sus decisiones de gobierno; el SME tiene todo el derecho de repudiar la desaparición de Luz y Fuerza del Centro, protestar contra el expresidente y exigir justicia por lo que considere agravios históricos. Lo que nadie tiene derecho a hacer es sustituir la protesta por la destrucción de bienes dentro de instalaciones públicas.

Un gobierno democrático no puede administrar la legalidad dependiendo de quién sea la víctima. Si mañana un grupo contrario a López Obrador destruyera una estatua suya dentro de un recinto federal mientras los guardias observan pasivamente, el oficialismo reclamaría —con razón— la aplicación de la ley.

Ese mismo principio debe valer para Calderón.

La escena de Los Pinos es particularmente desafortunada porque convierte la intolerancia política en espectáculo: una estatua decapitada, una cabeza paseada como trofeo y una autoridad aparentemente incapaz de detener la destrucción.

La Presidencia y la Secretaría de Cultura deberían explicar qué ocurrió, quién tenía bajo su responsabilidad la seguridad del complejo, por qué no intervino y qué consecuencias habrá.

No hacerlo significaría enviar un mensaje peligroso: que en México existen actos de vandalismo tolerables dependiendo de contra quién se cometan.

Y cuando el poder comienza a seleccionar qué patrimonio merece protección y qué adversario merece el abandono, lo que termina decapitado no es solamente una estatua.

Es el principio elemental de que la ley debe aplicarse a todos por igual.

Septiembre 2026

LA 4T, REPROBADA EN EDUCACIÓN

El fracaso educativo de México no puede esconderse detrás de discursos, propaganda ni mañaneras. Los resultados de PISA exhiben una realidad preocupante: demasiados estudiantes mexicanos enfrentan serias dificultades en matemáticas, lectura y ciencias, competencias indispensables para desenvolverse en el mundo actual.

Y mientras nuestros niños necesitan aprender a comprender lo que leen, resolver problemas matemáticos, dominar herramientas digitales, acercarse a la ciencia y prepararse para competir en una economía global, el modelo educativo de la 4T ha dedicado una atención desproporcionada a contenidos ideológicos y a reinterpretar episodios de la historia nacional desde la óptica política del oficialismo.

Ese es el verdadero escándalo.

La escuela pública no puede convertirse en extensión de ningún proyecto partidista. Los libros de texto no están para fabricar simpatizantes ni para contar la historia a conveniencia del gobierno en turno. Están para proporcionar conocimiento, desarrollar pensamiento crítico y ofrecer a millones de niños una auténtica oportunidad de movilidad social.

Porque detrás del desastre educativo existe una enorme injusticia: las familias con recursos pueden pagar colegios, clases adicionales, idiomas y herramientas tecnológicas. Los niños de menores ingresos dependen fundamentalmente de la educación pública. Cuando ésta falla, son ellos quienes pagan la factura.

Un gobierno que permite que sus estudiantes avancen sin los conocimientos suficientes no solamente reprueba en educación: profundiza la desigualdad y compromete el futuro del país.

México no necesita niños adoctrinados. Necesita jóvenes preparados para pensar por sí mismos, cuestionar incluso al poder, dominar las nuevas tecnologías y competir con los mejores del mundo.

Menos ideología y más matemáticas.

Menos propaganda y más ciencia.

Menos historia escrita desde el poder y más pensamiento crítico.

La educación debería ser el gran ascensor social de México.

La 4T corre el riesgo de convertirla en otro instrumento de su proyecto político.

Y por sus resultados, la calificación es contundente:

REPROBADA.

Agosto 2026
NO A LA CENSURA

La libertad de expresión y el derecho a la información no son concesiones graciosas del gobierno ni privilegios de periodistas, concesionarios, conductores o propietarios de medios. Son derechos fundamentales de los ciudadanos y pilares indispensables de cualquier régimen que pretenda llamarse democrático.

Por eso, desde todos los frentes debemos decir con absoluta claridad: no a la censura.

El debate sobre los derechos de las audiencias puede parecer, en principio, una discusión técnica relacionada con las obligaciones de los medios electrónicos y las facultades regulatorias del Estado. No lo es. Cuando desde el poder se pretende establecer criterios sobre cómo deben presentarse los contenidos, diferenciar información de opinión o determinar qué puede considerarse adecuado, equilibrado o veraz, aparece inevitablemente una pregunta: ¿quién vigila al vigilante?

Porque una cosa es defender legítimamente los derechos de las audiencias —recibir información plural, distinguir publicidad de contenidos informativos, proteger a niñas, niños y adolescentes o contar con mecanismos de réplica— y otra muy diferente abrir la puerta para que una autoridad administrativa termine convertida en árbitro de la verdad.

La Constitución protege la libre manifestación de las ideas y el derecho a buscar, recibir y difundir información. Bajo ninguna circunstancia la defensa de las audiencias debe convertirse en el caballo de Troya para imponer controles editoriales, inhibir opiniones críticas o generar mecanismos de autocensura entre periodistas y medios de comunicación.

La libertad de expresión también protege las opiniones incómodas, las investigaciones que molestan al poder y las preguntas que los funcionarios preferirían no responder.

Si el oficialismo pretende elevar el estándar de responsabilidad de los medios de comunicación, debería comenzar por casa.

Todos los días, desde las conferencias matutinas del gobierno federal, se utiliza una formidable plataforma de comunicación financiada con recursos públicos. Desde allí se informa, se fija agenda, se responde a cuestionamientos y se construye la narrativa gubernamental. Pero también se descalifica a críticos, periodistas, empresarios, organizaciones civiles y adversarios políticos.

Las conferencias gubernamentales no son espacios privados ni programas partidistas. Son ejercicios oficiales de comunicación pública y, precisamente por ello, deberían encontrarse entre los primeros obligados moral y políticamente a respetar el derecho ciudadano a recibir información verificable, completa y diferenciada de la propaganda.

Si se exige rigor a una televisora o radiodifusora, el mismo principio tendría que aplicarse a quien habla desde un atril oficial.

Si se demanda distinguir claramente entre información y opinión, habría que preguntarse cuántas veces en las mañaneras se mezclan datos oficiales con apreciaciones políticas, acusaciones, interpretaciones partidistas y señalamientos contra terceros.

Si se reclama información veraz a los medios, el gobierno tendría que asumir exactamente la misma responsabilidad cuando presenta cifras, estadísticas o versiones de acontecimientos que después pueden ser confrontadas con información pública.

Y si verdaderamente se pretende proteger a las audiencias, entonces habría que comenzar por reconocer que los millones de ciudadanos que diariamente reciben información desde Palacio Nacional también son audiencia y poseen exactamente los mismos derechos.

No puede existir un derecho de las audiencias para los medios privados y otro para la comunicación gubernamental.

Tampoco puede existir una verdad oficial certificada por el Estado.

La historia latinoamericana está llena de gobiernos que comenzaron hablando de democratizar la comunicación, combatir abusos mediáticos o garantizar información responsable y terminaron construyendo instrumentos para presionar económicamente, sancionar administrativamente o silenciar políticamente a las voces incómodas.

México no puede recorrer ese camino.

Los excesos de los medios deben combatirse con derecho de réplica, códigos de ética, defensorías de audiencias, transparencia y mecanismos jurídicos claramente delimitados. Las falsedades deben confrontarse con hechos. Los abusos deben someterse a la ley. Pero las opiniones no pueden quedar sujetas al criterio político de funcionarios o burócratas.

Mucho menos cuando el propio gobierno es uno de los principales actores de la disputa pública.

La libertad de expresión pierde sentido si solamente protege a quienes coinciden con el poder. Su verdadera importancia aparece cuando garantiza el derecho a cuestionarlo.

Por eso resulta indispensable que periodistas, medios, organizaciones civiles, universidades, especialistas y ciudadanos permanezcan atentos ante cualquier disposición que pueda transformarse en una herramienta de control editorial.

Defender la libertad de expresión no significa defender los errores, excesos o intereses de los medios. Significa defender el derecho de los ciudadanos a escuchar todas las voces y decidir por sí mismos en quién creer.

La democracia necesita mejores medios, pero también necesita mejores gobiernos y una comunicación pública sometida al mismo escrutinio que pretende imponer a los demás.

Si desde el poder quieren hablar seriamente del derecho de las audiencias, adelante.

Pero que empiecen por casa.

Que transparenten, documenten y sustenten lo que se afirma desde las tribunas oficiales. Que respeten la crítica. Que respondan las preguntas incómodas. Que distingan información pública de propaganda política.

Y, sobre todo, que entiendan algo elemental: El gobierno no es propietario de la verdad ni puede convertirse en censor de quienes lo cuestionan.

Frente a cualquier intento de controlar la información, venga de donde venga, la respuesta de una sociedad democrática debe ser inequívoca:

No a la censura. Sí a la libertad de expresión. Sí al derecho de los ciudadanos a estar informados.

El quinto partido está más cerca que nunca

La Selección Mexicana de futbol se encuentra ante una oportunidad histórica. Después de que concluya la fase de grupos como líder de su sector tras imponerse con autoridad al representativo de Corea y de República Checa, el camino hacia el anhelado quinto partido luce más despejado que en cualquier otra Copa del Mundo.

Durante décadas, el famoso "quinto partido" se convirtió en una especie de maldición para el futbol mexicano. Generaciones enteras de jugadores se quedaron a las puertas de romper esa barrera psicológica y deportiva que ha perseguido al Tricolor desde que se instauró el actual formato de competencia. Sin embargo, el Mundial de 2026 ofrece condiciones inéditas que pueden cambiar la historia.

Hay que considerar para este apunte que, al ser 48 selecciones, pues el quinto partido en realidad sería el cuarto con menos equipos.

Terminar en el primer lugar del grupo no es un detalle menor. Significa evitar en la siguiente ronda a una potencia mundial y enfrentar a un tercer lugar clasificado, un rival que, al menos en el papel, tendría menor jerarquía futbolística. Pero existe otro factor que juega a favor de México y que podría resultar determinante: la localía.

El Estadio Azteca volverá a convertirse en el escenario de las grandes gestas nacionales. El Coloso de Santa Úrsula no es un estadio cualquiera. Su historia, su ambiente y sus más de dos mil metros de altitud sobre el nivel del mar representan una ventaja competitiva que pocas selecciones pueden presumir. Ahí han sufrido campeones del mundo, ahí se han escrito páginas legendarias del futbol internacional y ahí la Selección Mexicana suele multiplicar su rendimiento.

Si los pronósticos se cumplen y México supera con éxito la ronda de eliminación directa frente al tercer lugar clasificado, el tan esperado quinto partido también se disputaría en el Azteca. Nuevamente, el Tricolor tendría de su lado a más de 80 mil aficionados convertidos en un auténtico jugador número doce, además de unas condiciones climáticas y geográficas que suelen incomodar a los visitantes.

Por supuesto, a partir de los cuartos de final ya no existen rivales sencillos. Del otro lado aparecería una selección de primer nivel, una potencia acostumbrada a disputar las instancias definitivas de los mundiales. Sin embargo, incluso esos gigantes tendrían que enfrentar la presión de un estadio volcado completamente a favor del equipo mexicano y adaptarse a una altitud que históricamente ha sido un factor determinante.

La ilusión, por primera vez en mucho tiempo, parece sustentarse en argumentos deportivos y no solamente en el entusiasmo de la afición. México ha mostrado orden táctico, personalidad y una generación de futbolistas que entiende la trascendencia de jugar un Mundial en casa. Además, el cuerpo técnico ha sabido gestionar la presión y aprovechar las ventajas que ofrece ser anfitrión.

Por ello, no resulta exagerado pensar que el famoso quinto partido está al alcance de la mano. Más aún, existen condiciones reales para creer que el Tricolor puede ir más allá y buscar el sexto encuentro, una hazaña que colocaría a esta generación en el sitio más alto de la historia del futbol mexicano.

El sueño ya no parece una utopía. El Azteca está listo, la afición está entregada y la Selección tiene el destino en sus manos. La oportunidad es inmejorable. Ahora corresponde al Tricolor convertir la ilusión de millones de mexicanos en una realidad que el país ha esperado durante décadas.