Congreso de la CDMX

30 Abril, 2026

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Congreso de la CDMX

Ratifica el Congreso local entrega de Medalla al Mérito Internacional 2021

31 May 2022

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En la categoría Acción Emprendedora, se distingue a Israel Ángel Concha Pérez, ciudadano mexicano quien, al haber sido deportado a nuestro país, después de vivir por más de 34 años en Estados Unidos

Congreso CDMX da a conocer ganadores de la “Medalla al Mérito Juvenil 2021”

31 May 2022

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A fin de reconocer a las y los jóvenes que han destacado por sus méritos o por la defensa y promoción de los derechos de las personas jóvenes, el Congreso capitalino aprobó el dictamen por el que se emiten los nombres de las y los ganadores de la Medalla al Mérito Juvenil 2021

Congreso celebrará convenios con organizaciones civiles para capacitarse en materia de parlamento abierto

25 May 2022

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Destacó que dichas organizaciones tienen como objetivo profesionalizar y mejorar las prácticas y labores de la función legislativa a través de diagnósticos, capacitaciones y planes de acción

Requiere Congreso a SSC y FGJCDMX proteger a víctimas de la extorsión “gota a gota”

25 May 2022

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El modus operandi de estos prestamistas consiste en entregar una tarjeta de presentación y ofrecer préstamos rápidos, fáciles y sin aval, desde 500 hasta 60 mil pesos

Avanza en comisión, iniciativa de la Jefa de Gobierno para elevar a rango constitucional programas educativos

23 May 2022

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El diputado Alberto Martínez Urincho (MORENA), presidente de la comisión, refirió que la iniciativa enviada por la Jefa de Gobierno busca incorporar en la Constitución local los programas sociales Mi Beca para el Bienestar y La Escuela es Nuestra

Comisiones del Congreso CDMX sostuvieron mesa de trabajo con titular de la alcaldía Cuauhtémoc

23 May 2022

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Las y los diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Alcaldías y Límites Territoriales y de Administración Pública Local del Congreso de la Ciudad de México se reunieron en mesa de trabajo con la alcaldesa en Cuauhtémoc

Alcaldesa Margarita Saldaña Hernández comparece ante Comisiones Unidas

19 May 2022

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La alcaldesa en Azcapotzalco, Margarita Saldaña Hernández, compareció ante las Comisiones Unidas de Alcaldías y Límites Territoriales, y la de Administración Pública Local

Inician comparecencias en el Congreso local de titulares de alcaldías CDMX

19 May 2022

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Al iniciar su exposición, la alcaldesa en Álvaro Obregón, Lía Limón García, detalló que representa a la tercera demarcación más poblada de la capital del país, 750 mil habitantes, de contrastes sociales y con una enorme complejidad territorial

Aprueban en comisiones la convocatoria del Parlamento de las personas de la comunidad LGBTTTIQ+ 2022

16 May 2022

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Congreso capitalino acordaron el formato y la convocatoria para la realización del “Parlamento de las personas que pertenecen o se identifican con poblaciones Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti, Intersexual, Asexual, Personas no binarias

Analizan en Comisión con el IECM iniciativa que impulsa un gasto eficiente

16 May 2022

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La iniciativa del diputado Carlos Hernández Mirón (MORENA), contempla una reestructuración del órgano electoral, para eficientar el gasto del órgano electoral local

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.