Congreso de la CDMX

03 Mayo, 2026

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El Congreso de la Ciudad de México aprueba la nueva Ley de Seguridad Ciudadana

01 Ago 2019

442 veces

En el Congreso se atendió el principal reclamo de la ciudadanía: la seguridad, coinciden los diferentes grupos parlamentarios

Toman protesta a Comisión de Sistema Anticorrupción de CDMX

31 Jul 2019

408 veces

En el pleno del Congreso de la Ciudad de México, se tomó protesta a los cuatro integrantes de la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción, esto, a pesar de que legisladores del PRI y el PAN

Comisión del Congreso de la CDMX aprueba Ley de Seguridad Ciudadana; va al Pleno

30 Jul 2019

373 veces

La Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso capitalino avaló este martes con 12 votos a favor el dictamen para expedir la Ley de Seguridad Ciudadana de la CDMX.

Aumentar penas por feminicidio, no es la solución

30 Jul 2019

308 veces

El delito de feminicidio tenía de 30 a 50 años de prisión en el Estado de México, presiones sociales obligaron a los legisladores a aumentarlo de 40 a 60 años, tampoco funcionó, después lo incrementaron de 50 a 70 años de cárcel, siguieron igual los índices

Diputada del PT ofrece 'apoyo a Maduro de toda Latinoamérica'

29 Jul 2019

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En su discurso, difundido en sus redes sociales, la legisladora precisó que “vine al Foro de Sao Paulo a comentarles a nuestros compañeros que la cuarta transformación está apostando a los jóvenes. Hoy somos los protagonistas del cambio que estamos construyendo”.

Avanza la revisión de la Ley de Seguridad Ciudadana en el Congreso capitalino

27 Jul 2019

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La Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso capitalino continuó este viernes -26 de julio- la recepción y revisión de propuestas para incorporarlas al proyecto de iniciativa para la Ley de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, que habrá de votarse en el pleno en la sesión extraordinaria del próximo miércoles 31 de julio.

Se ha privilegiado la participación ciudadana para elaborar la Ley de Planeación

27 Jul 2019

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Fue necesario conocer los planteamientos de los expertos en la materia para enriquecer el debate y, de esta manera, ofrecer alternativas para fortalecer los contenidos de las iniciativas que se analizaron

Se debe hacer un censo de microsismos: Congreso CDMX

24 Jul 2019

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Rangel dio a conocer que hizo un recorrido por la zona y qué hay varios inmuebles dañados. En la sesión permanente se aprobó el punto de acuerdo para solicitarle a la comisión de Reconstrucción el censo en la zona.

Diputados capitalinos presentan iniciativa de Ley de Educación Inicial

23 Jul 2019

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Mauricio Tabe, coordinador del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, acompañado por diputados de los distintos grupos parlamentarios, presentó la iniciativa de Ley de Educación Inicial en la CDMX, que busca garantizar la educación y cuidados de calidad a menores de 0 a 5 años de edad.

El Congreso de la CDMX realiza foros para construir la ley secundaria para un millón de personas no asalariadas

22 Jul 2019

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Con el propósito de cumplir con la expedición de la ley secundaria en materia de las personas trabajadoras no asalariadas, prestadoras de servicios por cuenta propia, establecida en el artículo transitorio Vigésimo Séptimo de la Constitución de la Ciudad de México

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.