Congreso de la CDMX

30 Abril, 2026

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Congreso de la CDMX

Aprueba comisión del Congreso CDMX incremento de penas contra tala ilegal

03 Nov 2022

815 veces

La Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México aprobó un dictamen que reforma el Código Penal local, para establecer mayores penas a quien incurra en delitos contra el ambiente

Impulsa comisión Tianguis Turístico 2023 a favor de visitantes de la CDMX

31 Oct 2022

765 veces

La Comisión de Turismo del Congreso de la Ciudad de México aprobó exhortar a las 16 alcaldías para que, en el marco del próximo Tianguis Turístico 2023, inicien las actividades preparatorias en coordinación con la secretaría local correspondiente

CJSL CDMX contribuye a reducir desigualdad social, admiten legisladores capitalinos

31 Oct 2022

689 veces

Ante las Comisiones Unidas Registral, Notarial y Tenencia de la Tierra y de Administración y Procuración de Justicia del Congreso local, compareció el titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México (CJSL)

Congreso local reconoce avances importantes en materia de seguridad

28 Oct 2022

708 veces

Como parte de la presentación de la glosa del Cuarto Informe de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar Hamid García Harfuch, compareció ante el pleno del Congreso capitalino, para informar el estado que guarda la seguridad pública

Congreso CDMX avala acuerdo para reponer Ley sobre Síndrome de Down

28 Oct 2022

703 veces

Dicha comisión contará con un plazo de 10 días hábiles -contados a partir de este día- para dar a conocer el calendario de inicio de la consulta previa, que deberá contener: etapas de consulta, mecanismos de difusión de la consulta, mecanismos de consulta y de participación

Congreso capitalino atendió comparecencia del secretario de Gobierno

25 Oct 2022

559 veces

Al iniciar la presentación de la glosa del Cuarto Informe de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, el pleno del Congreso capitalino atendió la comparecencia del secretario de Gobierno, Martí Batres Guadarrama

En foro, diputados capitalinos analizan propuesta de beca universal

20 Oct 2022

806 veces

Durante la mesa: Equidad y Justicia Social: Becas “Bienestar para Niñas y Niños”, la legisladora Indalí Pardillo Cadena (MORENA), integrante de la comisión, dijo que actualmente se destinan 4 mil 700 millones de pesos a esta beca

El Congreso capitalino fue sede del Primer Foro por los Derechos de las Personas con Lupus

20 Oct 2022

777 veces

Por su parte, la legisladora Ana Jocelyn Villagrán Villasana (PAN) comentó que hay personas que luchan todos los días contra esta enfermedad y otras que desconocen su padecimiento, por lo que debe ser un tema fundamental en la agenda pública y analizarse su atención presupuestal

Congreso aprobó minuta al proyecto de decreto por el que se reforman disposiciones de la Carta Magna en materia de GN

19 Oct 2022

737 veces

En su carácter de integrante del Constituyente Permanente, el Congreso capitalino aprobó en votación dividida la minuta al proyecto de decreto por el que se reforma el artículo quinto transitorio de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones

El Congreso CDMX aprobó calendario de comparecencias para glosa del 4to Informe de Gobierno

19 Oct 2022

779 veces

Con motivo de la glosa del Cuarto Informe de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, el Congreso capitalino aprobó el acuerdo de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) para las comparecencias ante el pleno de las personas titulares de las secretarías de Gobierno

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.