Octubre 2026

Una decapitación orquestada desde la 4T

La decapitación de la estatua del expresidente Felipe Calderón en Los Pinos no puede reducirse a una anécdota de protesta sindical ni mucho menos justificarse como un simple acto simbólico contra quien decretó la extinción de Luz y Fuerza del Centro en 2009. Lo ocurrido es un acto de vandalismo dentro de un recinto administrado por el Estado y, por ello, plantea una pregunta elemental: ¿cómo fue posible que un grupo de manifestantes ingresara, destruyera una escultura y se paseara con su cabeza sin que la seguridad del lugar lo impidiera?

Los hechos están documentados. Integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas, azuzados por Jesús Ramírez Cuevas, asesor presidencial, ingresaron al Complejo Cultural Los Pinos después de manifestarse contra Calderón, quien participaba en el Foro América Libre 2026. Los inconformes encontraron la estatua en el suelo, donde permanecía desde que un árbol la derribó en 2025, y procedieron a golpearla hasta desprenderle la cabeza. Uno de los participantes incluso caminó con ella antes de arrojarla contra el piso.

La primera responsabilidad del gobierno es por omisión. Durante más de un año permitió que una pieza perteneciente al acervo histórico de Los Pinos permaneciera abandonada en el suelo. En julio de 2025, la dirección del complejo había anunciado que sería restaurada y reinstalada; eso no ocurrió.

La segunda responsabilidad es todavía más grave: la incapacidad o falta de voluntad de la seguridad del recinto para impedir su destrucción. Los reportes disponibles señalan que durante el vandalismo no hubo intervención policial ni del personal encargado de proteger el Centro Cultural.

Y allí aparece el problema político.

No existe hasta ahora evidencia pública que permita asegurar que la presidenta Claudia Sheinbaum ordenó la agresión o que Jesús Ramírez instruyó al SME para destruir la estatua. Afirmarlo como hecho sin pruebas desviaría la atención de algo que sí puede exigirse al gobierno: explicar por qué permitió que ocurriera dentro de un inmueble bajo responsabilidad federal y por qué nadie protegió un bien que formaba parte del recinto.

Porque el Estado de derecho también se defiende cuando el personaje agraviado es un adversario político.

Felipe Calderón puede ser cuestionado por sus decisiones de gobierno; el SME tiene todo el derecho de repudiar la desaparición de Luz y Fuerza del Centro, protestar contra el expresidente y exigir justicia por lo que considere agravios históricos. Lo que nadie tiene derecho a hacer es sustituir la protesta por la destrucción de bienes dentro de instalaciones públicas.

Un gobierno democrático no puede administrar la legalidad dependiendo de quién sea la víctima. Si mañana un grupo contrario a López Obrador destruyera una estatua suya dentro de un recinto federal mientras los guardias observan pasivamente, el oficialismo reclamaría —con razón— la aplicación de la ley.

Ese mismo principio debe valer para Calderón.

La escena de Los Pinos es particularmente desafortunada porque convierte la intolerancia política en espectáculo: una estatua decapitada, una cabeza paseada como trofeo y una autoridad aparentemente incapaz de detener la destrucción.

La Presidencia y la Secretaría de Cultura deberían explicar qué ocurrió, quién tenía bajo su responsabilidad la seguridad del complejo, por qué no intervino y qué consecuencias habrá.

No hacerlo significaría enviar un mensaje peligroso: que en México existen actos de vandalismo tolerables dependiendo de contra quién se cometan.

Y cuando el poder comienza a seleccionar qué patrimonio merece protección y qué adversario merece el abandono, lo que termina decapitado no es solamente una estatua.

Es el principio elemental de que la ley debe aplicarse a todos por igual.

Septiembre 2026

LA 4T, REPROBADA EN EDUCACIÓN

El fracaso educativo de México no puede esconderse detrás de discursos, propaganda ni mañaneras. Los resultados de PISA exhiben una realidad preocupante: demasiados estudiantes mexicanos enfrentan serias dificultades en matemáticas, lectura y ciencias, competencias indispensables para desenvolverse en el mundo actual.

Y mientras nuestros niños necesitan aprender a comprender lo que leen, resolver problemas matemáticos, dominar herramientas digitales, acercarse a la ciencia y prepararse para competir en una economía global, el modelo educativo de la 4T ha dedicado una atención desproporcionada a contenidos ideológicos y a reinterpretar episodios de la historia nacional desde la óptica política del oficialismo.

Ese es el verdadero escándalo.

La escuela pública no puede convertirse en extensión de ningún proyecto partidista. Los libros de texto no están para fabricar simpatizantes ni para contar la historia a conveniencia del gobierno en turno. Están para proporcionar conocimiento, desarrollar pensamiento crítico y ofrecer a millones de niños una auténtica oportunidad de movilidad social.

Porque detrás del desastre educativo existe una enorme injusticia: las familias con recursos pueden pagar colegios, clases adicionales, idiomas y herramientas tecnológicas. Los niños de menores ingresos dependen fundamentalmente de la educación pública. Cuando ésta falla, son ellos quienes pagan la factura.

Un gobierno que permite que sus estudiantes avancen sin los conocimientos suficientes no solamente reprueba en educación: profundiza la desigualdad y compromete el futuro del país.

México no necesita niños adoctrinados. Necesita jóvenes preparados para pensar por sí mismos, cuestionar incluso al poder, dominar las nuevas tecnologías y competir con los mejores del mundo.

Menos ideología y más matemáticas.

Menos propaganda y más ciencia.

Menos historia escrita desde el poder y más pensamiento crítico.

La educación debería ser el gran ascensor social de México.

La 4T corre el riesgo de convertirla en otro instrumento de su proyecto político.

Y por sus resultados, la calificación es contundente:

REPROBADA.

Agosto 2026
NO A LA CENSURA

La libertad de expresión y el derecho a la información no son concesiones graciosas del gobierno ni privilegios de periodistas, concesionarios, conductores o propietarios de medios. Son derechos fundamentales de los ciudadanos y pilares indispensables de cualquier régimen que pretenda llamarse democrático.

Por eso, desde todos los frentes debemos decir con absoluta claridad: no a la censura.

El debate sobre los derechos de las audiencias puede parecer, en principio, una discusión técnica relacionada con las obligaciones de los medios electrónicos y las facultades regulatorias del Estado. No lo es. Cuando desde el poder se pretende establecer criterios sobre cómo deben presentarse los contenidos, diferenciar información de opinión o determinar qué puede considerarse adecuado, equilibrado o veraz, aparece inevitablemente una pregunta: ¿quién vigila al vigilante?

Porque una cosa es defender legítimamente los derechos de las audiencias —recibir información plural, distinguir publicidad de contenidos informativos, proteger a niñas, niños y adolescentes o contar con mecanismos de réplica— y otra muy diferente abrir la puerta para que una autoridad administrativa termine convertida en árbitro de la verdad.

La Constitución protege la libre manifestación de las ideas y el derecho a buscar, recibir y difundir información. Bajo ninguna circunstancia la defensa de las audiencias debe convertirse en el caballo de Troya para imponer controles editoriales, inhibir opiniones críticas o generar mecanismos de autocensura entre periodistas y medios de comunicación.

La libertad de expresión también protege las opiniones incómodas, las investigaciones que molestan al poder y las preguntas que los funcionarios preferirían no responder.

Si el oficialismo pretende elevar el estándar de responsabilidad de los medios de comunicación, debería comenzar por casa.

Todos los días, desde las conferencias matutinas del gobierno federal, se utiliza una formidable plataforma de comunicación financiada con recursos públicos. Desde allí se informa, se fija agenda, se responde a cuestionamientos y se construye la narrativa gubernamental. Pero también se descalifica a críticos, periodistas, empresarios, organizaciones civiles y adversarios políticos.

Las conferencias gubernamentales no son espacios privados ni programas partidistas. Son ejercicios oficiales de comunicación pública y, precisamente por ello, deberían encontrarse entre los primeros obligados moral y políticamente a respetar el derecho ciudadano a recibir información verificable, completa y diferenciada de la propaganda.

Si se exige rigor a una televisora o radiodifusora, el mismo principio tendría que aplicarse a quien habla desde un atril oficial.

Si se demanda distinguir claramente entre información y opinión, habría que preguntarse cuántas veces en las mañaneras se mezclan datos oficiales con apreciaciones políticas, acusaciones, interpretaciones partidistas y señalamientos contra terceros.

Si se reclama información veraz a los medios, el gobierno tendría que asumir exactamente la misma responsabilidad cuando presenta cifras, estadísticas o versiones de acontecimientos que después pueden ser confrontadas con información pública.

Y si verdaderamente se pretende proteger a las audiencias, entonces habría que comenzar por reconocer que los millones de ciudadanos que diariamente reciben información desde Palacio Nacional también son audiencia y poseen exactamente los mismos derechos.

No puede existir un derecho de las audiencias para los medios privados y otro para la comunicación gubernamental.

Tampoco puede existir una verdad oficial certificada por el Estado.

La historia latinoamericana está llena de gobiernos que comenzaron hablando de democratizar la comunicación, combatir abusos mediáticos o garantizar información responsable y terminaron construyendo instrumentos para presionar económicamente, sancionar administrativamente o silenciar políticamente a las voces incómodas.

México no puede recorrer ese camino.

Los excesos de los medios deben combatirse con derecho de réplica, códigos de ética, defensorías de audiencias, transparencia y mecanismos jurídicos claramente delimitados. Las falsedades deben confrontarse con hechos. Los abusos deben someterse a la ley. Pero las opiniones no pueden quedar sujetas al criterio político de funcionarios o burócratas.

Mucho menos cuando el propio gobierno es uno de los principales actores de la disputa pública.

La libertad de expresión pierde sentido si solamente protege a quienes coinciden con el poder. Su verdadera importancia aparece cuando garantiza el derecho a cuestionarlo.

Por eso resulta indispensable que periodistas, medios, organizaciones civiles, universidades, especialistas y ciudadanos permanezcan atentos ante cualquier disposición que pueda transformarse en una herramienta de control editorial.

Defender la libertad de expresión no significa defender los errores, excesos o intereses de los medios. Significa defender el derecho de los ciudadanos a escuchar todas las voces y decidir por sí mismos en quién creer.

La democracia necesita mejores medios, pero también necesita mejores gobiernos y una comunicación pública sometida al mismo escrutinio que pretende imponer a los demás.

Si desde el poder quieren hablar seriamente del derecho de las audiencias, adelante.

Pero que empiecen por casa.

Que transparenten, documenten y sustenten lo que se afirma desde las tribunas oficiales. Que respeten la crítica. Que respondan las preguntas incómodas. Que distingan información pública de propaganda política.

Y, sobre todo, que entiendan algo elemental: El gobierno no es propietario de la verdad ni puede convertirse en censor de quienes lo cuestionan.

Frente a cualquier intento de controlar la información, venga de donde venga, la respuesta de una sociedad democrática debe ser inequívoca:

No a la censura. Sí a la libertad de expresión. Sí al derecho de los ciudadanos a estar informados.

El quinto partido está más cerca que nunca

La Selección Mexicana de futbol se encuentra ante una oportunidad histórica. Después de que concluya la fase de grupos como líder de su sector tras imponerse con autoridad al representativo de Corea y de República Checa, el camino hacia el anhelado quinto partido luce más despejado que en cualquier otra Copa del Mundo.

Durante décadas, el famoso "quinto partido" se convirtió en una especie de maldición para el futbol mexicano. Generaciones enteras de jugadores se quedaron a las puertas de romper esa barrera psicológica y deportiva que ha perseguido al Tricolor desde que se instauró el actual formato de competencia. Sin embargo, el Mundial de 2026 ofrece condiciones inéditas que pueden cambiar la historia.

Hay que considerar para este apunte que, al ser 48 selecciones, pues el quinto partido en realidad sería el cuarto con menos equipos.

Terminar en el primer lugar del grupo no es un detalle menor. Significa evitar en la siguiente ronda a una potencia mundial y enfrentar a un tercer lugar clasificado, un rival que, al menos en el papel, tendría menor jerarquía futbolística. Pero existe otro factor que juega a favor de México y que podría resultar determinante: la localía.

El Estadio Azteca volverá a convertirse en el escenario de las grandes gestas nacionales. El Coloso de Santa Úrsula no es un estadio cualquiera. Su historia, su ambiente y sus más de dos mil metros de altitud sobre el nivel del mar representan una ventaja competitiva que pocas selecciones pueden presumir. Ahí han sufrido campeones del mundo, ahí se han escrito páginas legendarias del futbol internacional y ahí la Selección Mexicana suele multiplicar su rendimiento.

Si los pronósticos se cumplen y México supera con éxito la ronda de eliminación directa frente al tercer lugar clasificado, el tan esperado quinto partido también se disputaría en el Azteca. Nuevamente, el Tricolor tendría de su lado a más de 80 mil aficionados convertidos en un auténtico jugador número doce, además de unas condiciones climáticas y geográficas que suelen incomodar a los visitantes.

Por supuesto, a partir de los cuartos de final ya no existen rivales sencillos. Del otro lado aparecería una selección de primer nivel, una potencia acostumbrada a disputar las instancias definitivas de los mundiales. Sin embargo, incluso esos gigantes tendrían que enfrentar la presión de un estadio volcado completamente a favor del equipo mexicano y adaptarse a una altitud que históricamente ha sido un factor determinante.

La ilusión, por primera vez en mucho tiempo, parece sustentarse en argumentos deportivos y no solamente en el entusiasmo de la afición. México ha mostrado orden táctico, personalidad y una generación de futbolistas que entiende la trascendencia de jugar un Mundial en casa. Además, el cuerpo técnico ha sabido gestionar la presión y aprovechar las ventajas que ofrece ser anfitrión.

Por ello, no resulta exagerado pensar que el famoso quinto partido está al alcance de la mano. Más aún, existen condiciones reales para creer que el Tricolor puede ir más allá y buscar el sexto encuentro, una hazaña que colocaría a esta generación en el sitio más alto de la historia del futbol mexicano.

El sueño ya no parece una utopía. El Azteca está listo, la afición está entregada y la Selección tiene el destino en sus manos. La oportunidad es inmejorable. Ahora corresponde al Tricolor convertir la ilusión de millones de mexicanos en una realidad que el país ha esperado durante décadas.

JUNIO 2026
La verdadera amenaza a la soberanía mexicana 

La relación entre los gobiernos de la presidenta Claudia Sheinbaum y Donald Trump atraviesa uno de sus momentos más complejos y delicados. Más allá de las diferencias ideológicas naturales entre una mandataria identificada con la izquierda latinoamericana y un presidente estadounidense de corte nacionalista y conservador, el punto de choque se encuentra en un tema que afecta directamente a ambas naciones: el poder del crimen organizado y la presencia de actores políticos vinculados con estructuras criminales.

Durante años, el narcotráfico dejó de ser únicamente un problema de seguridad pública para convertirse en un fenómeno que permeó instituciones, gobiernos locales y estructuras de poder regional. Hoy, vastas zonas del territorio nacional se encuentran bajo la influencia o control de organizaciones criminales que desafían al Estado mexicano, imponen reglas, cobran extorsiones, controlan economías enteras y limitan el ejercicio pleno de la autoridad.

Desde la óptica de Washington, estos grupos representan una amenaza directa para la seguridad de Estados Unidos por el tráfico de drogas, especialmente fentanilo, así como por sus redes financieras y de contrabando. Sin embargo, la discusión no debería centrarse únicamente en el impacto que tienen al norte de la frontera. La primera víctima de los cárteles ha sido México.

Por ello resulta cuestionable la narrativa oficial que presenta cualquier señalamiento extranjero sobre la infiltración criminal en la política mexicana como una agresión a la soberanía nacional. La soberanía no se vulnera cuando se denuncia la presencia de criminales en las estructuras de gobierno; la soberanía se debilita cuando grupos delincuenciales sustituyen al Estado, controlan municipios enteros y condicionan la vida de millones de ciudadanos.

En ese contexto, el discurso pronunciado por la presidenta Sheinbaum en la Plaza de la República, donde denunció supuestas intenciones de injerencia extranjera y advertencias sobre intentos de influir en los procesos electorales mexicanos, parece haber elevado innecesariamente la tensión bilateral. En lugar de privilegiar la prudencia diplomática, el mensaje adquirió un tono de confrontación que difícilmente contribuirá a mejorar una relación estratégica para ambos países.

México y Estados Unidos comparten una de las fronteras más dinámicas del mundo, intercambios comerciales superiores a cientos de miles de millones de dólares al año y desafíos comunes en materia migratoria, económica y de seguridad. Convertir las diferencias en un conflicto político permanente no beneficia a ninguna de las dos naciones.

La preocupación de Washington respecto a posibles vínculos entre funcionarios públicos y organizaciones criminales puede resultar incómoda para el gobierno mexicano, pero ignorarla o descalificarla mediante discursos nacionalistas no resolverá el problema de fondo. La pregunta central no es si existe presión extranjera, sino qué tan profunda es la penetración del crimen organizado en determinadas regiones y estructuras políticas del país.

La historia reciente demuestra que los cárteles han logrado construir redes de protección política que les permiten operar con impunidad. Negar esa realidad sería tan irresponsable como aceptar sin pruebas cualquier acusación proveniente del extranjero. Lo que corresponde es fortalecer las instituciones de procuración de justicia, transparentar las investigaciones y garantizar que nadie esté por encima de la ley.

La defensa de la soberanía nacional debe comenzar por recuperar plenamente el control territorial del Estado mexicano. Mientras existan regiones donde las organizaciones criminales ejerzan funciones que corresponden a las autoridades legítimas, cualquier discurso patriótico corre el riesgo de convertirse en una simple declaración retórica.

La relación entre Trump y Sheinbaum será inevitablemente complicada por sus diferencias de visión política. Sin embargo, el mayor desafío no debería ser la confrontación verbal entre ambos gobiernos, sino la construcción de mecanismos eficaces para combatir a quienes verdaderamente amenazan la estabilidad de México: las organizaciones criminales y sus redes de protección política.

Porque la soberanía no se pierde cuando un aliado cuestiona la actuación de un gobierno. La soberanía se pierde cuando el Estado deja de ejercer plenamente su autoridad sobre su propio territorio.