El pasado fin de semana, contrario a lo que había dicho, el Consejo General del Instituto Electoral Nacional (INE), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TRIFE) acordó que los candidatos presidenciales podían participar en debates en programas de radio y televisión. durante el periodo de intercampaña. La Sala Superior revocó por unanimidad un acuerdo del Consejo General del INE que limitó la realización de debates y mesas de análisis con la participación de más de un candidato, en el supuesto de que durante la intercomunicación están prohibidos los llamados al voto y la promoción de propuestas.

Indica, por ejemplo, que tiene un rezago de 5 mil 269 denuncias pendientes de desahogar desde 2015, y cuenta con apenas 76 Ministerios Públicos Especializados para delitos electorales, por lo que –según estimaciones de los propios legisladores– tardarían un promedio de diez años cumplir la tarea.

Entrevistada en el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), aseguró que “no tenemos compromiso con ninguna mafia ni con clientelas… Yo vengo del sector privado, qué mafias o clientelismo puedo tener, no tengo acarreados, no tengo vínculos absolutamente con nadie, salvo de las empresas que yo mismo he formado”.

La petición fue recibida en la oficialía de partes del Instituto Nacional Electoral (INE), donde Luis Emilio Jimenez Cacho, el coordinador de asesores del consejero presidente, Lorenzo Córdova se comprometió a darle el trámite correspondiente.

Se trata de una serie de 80 grabados de finales del siglo XIX, que por primera vez se presenta de manera completa en México, gracias a la Fundación Dancing for the Millennium Gols, serie que representa una crítica de la sociedad española de finales del siglo XVIII, sobre todo de la nobleza y del clero.

La propuesta legislativa responde en los hechos a un pendiente que tienen los diputados y que incluso se han visto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien el 15 de noviembre de 2017 ordenó al Congreso de la Unión que, a más será el 30 de abril, emita la ley reglamentaria del artículo 134 de la Constitución en materia de propaganda gubernamental y comunicación social, cuyo gasto debe hacerse con base en criterios de "eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez".