Notas principales

19 Abril, 2026

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Notas principales

INE, IEEM, y secretarías generales de Gobierno y Educación trabajarán de manera conjunta de cara a elecciones de 2023 en Edoméx

29 Nov 2022

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“Es voluntad indeclinable del Ejecutivo, contribuir a que la elección del próximo mes de junio derive en un balance ejemplar, exitoso y colmado de manifestaciones que sean reflejo fiel de la madurez de nuestro sistema político”

Desde San Lázaro. Una interparlamentaria de peso. Por: Alejo Sánchez Cano

29 Nov 2022

401 veces

“La igualdad de Género es un objetivo absolutamente prioritario si queremos que nuestras sociedades sean justas y plenamente democráticas”

El Edoméx trabajará para compartir la estrategia curricular en igualdad de género con otras entidades federativas

28 Nov 2022

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Durante la Cuarta Sesión Plenaria del Mecanismo de Seguimiento de las Medidas de Seguridad, Prevención y Justicia para Atender y Erradicar la Violencia contra las Niñas, Adolescentes y Mujeres, Alfredo Del Mazo señaló que uno de los efectos de la pandemia es el aumento de los casos de violencia

El SNTE celebra cuatro años de Gobierno del Presidente AMLO

28 Nov 2022

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En el Hemiciclo a Juárez, el maestro Cepeda Salas expresó que “tenemos un Presidente que se ha ganado la estimación, el reconocimiento, el aprecio y el afecto de todas las maestras y los maestros de México”

Como veo, doy. Programas sociales, los que llegaron para quedarse. Por: Jorge Luis Galicia Palacios

28 Nov 2022

485 veces

Destacó que 10.5 millones de adultos mayores tienen garantizado un ingreso básico, lo cual no es un apoyo, sino un derecho constitucional que tiene la característica de pensión, por lo que es el programa de mayor cobertura territorial

Desde San Lázaro. Marcha del maximato de AMLO. Por: Alejo Sánchez Cano

28 Nov 2022

459 veces

Se busca instaurar un nuevo modelo de desarrollo en donde la pobreza, la ignorancia y la marginación sean el trípode en donde descansa este proyecto para establecer nuevamente el autoritarismo en México

Desde San Lázaro. Amenazas y billete para acudir a la amlomarcha. Por: Alejo Sánchez Cano

25 Nov 2022

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La orden presidencial es tajante y no permite ambigüedades: “Debemos llenar el zócalo y calles aledañas”, aunque con esa cantidad de acarreados, no llegarán siquiera a la mitad de los que convocó la sociedad civil en la marcha del 13 de noviembre

Exhortan a informadores a participar por la presea Estado de México 2022 “Leona Vicario”

24 Nov 2022

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El Gobierno del Estado de México reconoce con la Presea Estado México en Periodismo e Información “Leona Vicario”, a quienes, por su labor periodística, han logrado mantener a la sociedad mexiquense informada

Desde San Lázaro. La marcha pegó en la línea de flotación de la 4T. Por: Alejo Sánchez Cano

24 Nov 2022

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Un Instituto Electoral independiente y autónomo no le garantiza a AMLO extender su proyecto político más allá del 2024, por ello, desde todos los frentes persistirá en su afán de cooptarlo o de plano desaparecerlo

Fortalecen Gobiernos de la República y del Estado de México el sistema de salud mexiquense

23 Nov 2022

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Con el propósito de ampliar la cobertura de salud para los mexiquenses, el Gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo Maza, y el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, inauguraron la Clínica Comunidad Mexicana de Hemodiálisis

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.