Notas principales

22 Abril, 2026

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Mario Delgado pide frenón a peleas internas de Morena en Edomex

05 Sep 2022

359 veces

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, llamó a los grupos y militantes del partido en el Estado de México a “no pelearse” y apoyar a la precandidata al gobierno estatal, Delfina Gómez

Como veo, doy. A cuentagotas, oportunidades a la mujer. Por: Jorge Luis Galicia Palacios

05 Sep 2022

380 veces

Si bien es cierto que, de un total de 16 alcaldías de la capital de la república, en la mitad de ellas fueron electas 8 mujeres y se puede decir que se cumple con la normativa que habla de equidad de género

Desde San Lázaro. Va el desafuero de un perseguido político. Por: Alejo Sánchez Cano

05 Sep 2022

352 veces

Como se observan las cosas, salvo que ocurra un milagro, es decir que los diputados del PRI, cambien de parecer y apoyen la reforma electoral y otras iniciativas constitucionales del presidente López Obrador, en las próximas semanas veremos la historia de una crónica anunciada sobre el desafuero de Alito

Desde San Lázaro. El ISSSTE requiere terapia intensiva. Por: Alejo Sánchez Cano

02 Sep 2022

351 veces

Tal como sucede en el IMSS, el ISSSTE padece la carencia de medicamentos y de la capacidad suficiente para atender la demanda, por ello, los derechohabientes tienen que cubrir con su dinero la compra de medicamentos y otros insumos para su atención

El SNTE y el próximo gobierno de Hidalgo revisan agenda educativa y laboral

01 Sep 2022

364 veces

El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda Salas, sostuvo una reunión con el gobernador electo de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, para planear la agenda del sector de los próximos meses

Alfredo Del Mazo inaugura la primera etapa de la Central de Abastos de Tecámac

01 Sep 2022

437 veces

El Gobernador Alfredo Del Mazo Maza puso en operación la Primera Etapa de la Central de Abasto de Tecámac, la cual tiene un diseño vanguardista, espacios seguros para mujeres y una gran conectividad para llevar alimentos más frescos y accesibles a las familias

Desde San Lázaro. Monreal factor de equilibrio en la sucesión presidencial. Por: Alejo Sánchez Cano

01 Sep 2022

362 veces

Sin ser considerado una corcholata, Ricardo Monreal se ha ganado su lugar como aspirante a suceder a Andrés Manuel, tal vez ni siquiera por el partido de Regeneración Nacional

Desde San Lázaro. Las dos pistas de Elba Esther: Simulación y mentira. Por: Alejo Sánchez Cano

31 Ago 2022

366 veces

No es de extrañar que intenten recurrir al engaño para estar simultáneamente con dos corcholatas, lo increíble es que crean que les va a salir la jugada

Presentan Alfredo Del Mazo y Claudia Sheinbaum el plan integral de abastecimiento de agua potable al Valle de México

30 Ago 2022

422 veces

El Gobernador Alfredo Del Mazo Maza y la Jefa de Gobierno de la capital del país, Claudia Sheinbaum Pardo, presentaron el Plan Integral de Abastecimiento de Agua Potable al Valle de México

Niega Rosa Icela nexos de 4T con el crimen

30 Ago 2022

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Al participar en la reunión plenaria del PVEM, sostuvo que en la administración del presidente López Obrador “no somos iguales a quienes nos antecedieron. Nosotros jamás nos vincularemos con el crimen, ni venderemos nuestro honor”

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.