Notas principales

20 Abril, 2026

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Notas principales

Desde San Lázaro. Delfina Gómez y Ana Guevara intervendrán en el fut profesional. Por: Alejo Sánchez Cano

15 Jul 2022

313 veces

Es agobiante el número de jugadores extranjeros que militan en los clubes de primera división y en la liga de Expansión, al tiempo de que en la femenil no cantan mal las rancheras, desplazando con esto a los nacionales

México tiene que hacer ‘su parte’ en la frontera, dice Ken Salazar

14 Jul 2022

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El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, aseguró este miércoles que el Gobierno mexicano tiene que hacer “su parte” en su lado de la frontera, y celebró que se haya comprometido a invertir mil 500 millones de dólares para reforzar la infraestructura fronteriza

México y la OIT firman convenio para capacitar a impartidores del nuevo sistema de justicia laboral

14 Jul 2022

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México y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) firmaron un memorándum de entendimiento para establecer las bases de colaboración para capacitar a los servidores públicos que operan el nuevo sistema de justicia laboral

Desde San Lázaro. Media hora de improperios y de promesas inviables. Por: Alejo Sánchez Cano

14 Jul 2022

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Sobre la inversión prometida por el presidente López Obrador de 1,500 millones de dólares en la franja fronteriza en materia de infraestructura, resulta que buena parte de esos recursos será para fortalecer a la Guardia Nacional y al INM para contener la migración

Asegura Alfredo Del Mazo que el salario rosa permite a las amas de casa crear historias de bienestar de sus familias

13 Jul 2022

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El Gobernador Alfredo Del Mazo Maza recalcó que el apoyo que reciben las jefas de familia beneficiarias del Salario rosa, les sirve para seguir fomentando el bienestar en sus hogares, y aseguró que este respaldo está en las mejores manos

Justicia laboral para más de 18 mil maestros de la Ciudad de México

13 Jul 2022

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Cepeda Salas explicó que en años anteriores “se abusó de la contratación de maestras y maestros por honorarios, por una compensación. En algunos estados se dividió una plaza en tres y se le dio un tercio a cada quien, sin ningún derecho, privándolos de la seguridad social”

Desde San Lázaro. Se acelera el reloj electoral en Edomex. Por: Alejo Sánchez Cano

13 Jul 2022

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El reloj político y electoral avanza rápidamente en contra de los tiempos tradicionales que conlleva el destape mexiquense siempre dominado por los priistas

Alfredo Del Mazo informa sobre proyecto de laboratorio de alta tecnología habilitado por farmacéutica Novartis en Naucalpan

12 Jul 2022

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El Gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo Maza informó que la compañía farmacéutica Novartis destinó 7 millones de dólares para equipar y habilitar un Laboratorio de Alta Calidad, en Naucalpan

AMLO planteará a Biden un programa similar al de braceros

12 Jul 2022

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Al mandatario se le cuestionó si su planteamiento sería otorgar 300 mil visas, como había perfilado el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, pero no quiso especificar número; sin embargo, sí cómo perfila esa acción

Desde San Lázaro. Ebrard con más atributos; Adán augusto, el más cercano. Por: Alejo Sánchez Cano

12 Jul 2022

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Aunque la política exterior del país la marca el presidente, Marcelo ha sabido conducirse entre esa línea finísima que divide la lealtad con la tradición mexicana de la diplomacia que tantos frutos le dio al país en el pasado

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.