Notas principales

27 Abril, 2026

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Notas principales

Jalisco busca ser la capital de la innovación en Latinoamérica: Enrique Alfaro

24 Abr 2019

337 veces

Son muchos años de trabajar en la agenda de innovación. Mi reconocimiento a todos los políticos, gobernantes, académicos, empresarios, a todos los que han creído en la agenda de innovación

Desde San Lázaro. Serios escollos en la reforma laboral. Por: Alejo Sánchez Cano.

24 Abr 2019

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Se trata pues, de que la reforma laboral no tenga una visión paternalista y proteccionista de los trabajadores per se, sino que aliente la productividad y el empleo, así como la rentabilidad de las empresas, al tiempo de alinearla a la de Estados Unidos y Canadá.

Alfredo Del Mazo asegura que en el #Edoméx se impulsa el deporte con el mejoramiento de instalaciones deportivas

23 Abr 2019

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“El deporte debe ser visto como una actividad de integración, de promoción de valores, de convivencia familiar, pero también como una actividad de prevención y combate a la violencia y la delincuencia”, refirió el mandatario mexiquense.

Detienen a más de 300 integrantes de la caravana migrante en Chiapas

23 Abr 2019

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Según el Instituto Nacional de Migración (INM), 367 migrantes fueron llevados a un centro de detención al sur de Chiapas, lo que supone el mayor operativo registrado contra una caravana desde que a fines del año pasado

Desde San Lázaro. Errónea política migratoria de AMLO. Por: Alejo Sánchez Cano

23 Abr 2019

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“No se debe buscar la represión, ni tampoco, convertirse en el refugio de los miles de desplazados que no quieren quedarse en México, sino alcanzar llegar a Estados Unidos”.

AMLO niega acuerdo para devolver bienes a Elba Esther Gordillo

22 Abr 2019

319 veces

Se trata de 7 cuentas bancarias, tres propiedades, tres vehículos así como una colección de libros y obras de arte.

Como veo, doy. Violencia sin control, ahora Veracruz. Por: Jorge Luis Galicia Palacios

22 Abr 2019

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No es fácil, aquí el asunto es que el nuevo gobierno, durante su campaña, prometió hacer las cosas diferentes y ofreció resultados desde el primer día de la nueva administración. Ya van casi cinco meses de gobierno y no hay visos de que las cosas en materia de seguridad van a mejora

Desde San Lázaro. Torruco, sí violó la Constitución. Por: Alejo Sánchez Cano.

22 Abr 2019

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La sala especializada del TEPJF consideró que se violó el artículo 134 párrafo 7 de la Constitución y arremetieron contra el titular de Comunicación Social de Sectur, Gustavo Armenta, como responsable

Medios acuerdan con Hacienda reducción de 10% de tarifas por publicidad

17 Abr 2019

399 veces

"Los medios de comunicación, casi sin excepción, han modificado sus tarifas en materia de publicidad. Es algo que queremos reconocer de manera pública a los medios"

AMLO pide eliminar pago de estados y municipios para la Guardia Nacional

17 Abr 2019

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Ayer mismo un compañero me preguntaba que por qué se iba a cobrar para tener la Guarida Nacional a los estados y municipios y, en efecto, el documento de trabajo que se está analizando y discutiendo en el Congreso establece un pago de estados y municipios para la Guardia Nacional, cosa que nosotros no estamos de acuerdo

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.