Notas principales

27 Abril, 2026

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Notas principales

Lleva Quirino Jornada de Apoyo a San Ignacio y servicio de Internet

29 Mar 2019

393 veces

Enseguida, Quirino Ordaz Coppel se trasladó al Cobaes 050 “Gabriel Leyva Velázquez”, donde tuvo lugar la Jornada de Apoyo “Puro Sinaloa”, donde se brindaron alrededor de 7 mil servicios para 2 mil personas registradas provenientes de diversas comunidades.

Del Mazo anuncia apertura de ventanillas para apoyar a productores agropecuarios

29 Mar 2019

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“Quiero anunciarles que ya se abrieron las ventanillas de Sedagro para apoyar los proyectos agropecuarios; desde esta semana están abiertas todas las ventanillas en las 11 delegaciones que tenemos de Sedagro en todo el Estado de México y donde vamos a estarle invirtiendo más de mil 900 millones de pesos para proyectos agropecuarios"

Desde San Lázaro. Farsa en torno al fuero. Por: Alejo Sánchez Cano

29 Mar 2019

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Por su parte, López Obrador celebró la aprobación de la reforma en materia de fuero constitucional por lo que se podrá juzgar por hechos de corrupción y delitos electorales al presidente de la república en funciones, además de que es un gran avance para erradicar la corrupción y la impunidad en el país.

Bartlett abre la puerta para que CFE cancele contratos de gasoductos

28 Mar 2019

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Bartlett señaló en febrero que Carso, IEnova y TransCanada eran las empresas propietarias de siete gasoductos que están detenidos a los que la CFE continúa pagando.

Desde San Lázaro. Parálisis legislativa. Por: Alejo Sánchez Cano

28 Mar 2019

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Desde San Lázaro los coordinadores parlamentarios de oposición han dado un ultimátum al gobierno federal y de la CDMX para que garanticen las condiciones de operación y seguridad en la cámara de diputados y con ello se puedan restablecer los trabajos legislativos.

De Cinco Estrellas. ¿Te gusta que te devuelvan los impuestos de tus compras? Por: Victoria González Prado.

27 Mar 2019

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Para los mexicanos visitar Texas y disfrutar sus atractivos y gastronomía, resulta muy divertido pero, lo mejor de todo es cuando al final del viaje se reúnen los tickets de compra y buscas el exclusivo programa Tax Free Shopping

Desde San Lázaro. Salvaguardar la libertad de expresión. Por: Alejo Sánchez Cano.

27 Mar 2019

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La democracia está en riego ya que uno de sus principales valores se ha puesto en el paredón de los ajusticiados.

Alfredo Del Mazo da el banderazo de salida a 81 unidades de transporte público en el Valle de México que cuentan con cámaras y botones de pánico

26 Mar 2019

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En el Llano de Las Navajas, en el municipio de Isidro Fabela, el Gobernador Del Mazo destacó que producto de la colaboración de empresarios, operadores y autoridades, actualmente hay más de 26 mil 300 vehículos de transporte público renovados para ofrecer un mejor servicio y más garantías de seguridad al trasladarse.

Solicitará Gobernadora al Presidente formalizar subsidio a la luz y apoyos a madres de familia

26 Mar 2019

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“Yo sigo insistiendo con mis peticiones, la tarifa, el tema de las tarifas, que ya nos dijo que sí, pero todavía no se han firmado los convenios, me da mucho pendiente porque en mayo ya empieza la tarifa, porque tienen que cumplir, y el tema de Agua Prieta y de Nogales que es un tema muy sentido en las familias”

Fortalecer políticas de prevención, clave para consolidar tejido social: JM Carreras

26 Mar 2019

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Carreras López, reconoció los esfuerzos conjuntos entre el ayuntamiento capitalino encabezado por el Presidente Municipal de San Luis Potosí, Xavier Nava Palacios, el Gobierno de México y la Unión Europea, representada por el Embajador Klaus Rudischhauser

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.