Turismo

30 Abril, 2026

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10 Jun 2024

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Así el Grupo reporta estadísticas operacionales de mayo 2024 en el que transportó 2 millones 182 mil pasajeros, aumento de 9.6 por ciento año contra año

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07 Jun 2024

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La Paz, tiene mil 200 cuartos de hotel para este segmento; la oferta de hospedaje está en puntos estratégicos del destino

De Cinco Estrellas. oneworld celebra 25 años de excelencia y destaca su mayor orientación al cliente. Por: Victoria González Prado

05 Jun 2024

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oneworld, la principal alianza global de aerolíneas, celebra su 25 aniversario

De Cinco Estrellas. La primera Flagship Store Royal Caribbean abre en las Lomas de Chapultepec. Por: Victoria González Prado

03 Jun 2024

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El Cruise Center, se erige como epicentro de emocionantes aventuras donde los clientes podrán adquirir las mejores vacaciones a bordo de los barcos más grandes

De Cinco Estrellas. Puerto Vallarta promueve viajes de incentivos, congresos y convenciones en sus recintos. Por: Victoria González Prado

31 May 2024

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6 mil 400 millones de pesos se han invertido en Puerto Vallarta –en cinco año-

De Cinco Estrellas, Con inversión de 100 millones de pesos se construyó el nuevo hangar de mantenimiento de Viva Aerobus, Por: Victoria González Prado

29 May 2024

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El nuevo hangar cuenta con dos bahías lo que permitirá a la aerolínea realizar servicios más eficientes y seguros

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27 May 2024

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El festival es promovido por la Asociación de Hoteles de Cozumel, Hotel B, GaiaLab y Parley for the Oceans

De Cinco Estrellas. Aragón, España, promueve las bondades de sus provincias. Por: Victoria González Prado

24 May 2024

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La presentación, busca captar mayor número de viajeros internacionales, además de posicionarse como punto turístico

De Cinco Estrellas. PromPerú y la aerolínea LATAM Airlines firman alianza estratégica. Por: Victoria González Prado

22 May 2024

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Cabe mencionar que dichos mercados representaron 61 por ciento del total de arribos internacionales hacia el Perú en el 2023

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20 May 2024

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Durante la reunión, las socias tuvieron oportunidad de capacitarse sobre distintos cruceros y conocer las ofertas que brindan las principales navieras

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.