Cámara de Diputados

02 Mayo, 2026

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Concluye ciclo de foros sobre la Ley de Consulta a Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas

29 Mar 2021

292 veces

En el evento, realizado en la Ciudad de México, afirmó que las conclusiones y propuestas se tomarán en cuenta para el análisis, discusión y votación del dictamen y aseguró que no será una ley que dañe a las comunidades.

“Conclusiones de trabajo legislativo con Observatorio de Amnistías”

26 Mar 2021

293 veces

En las “Conclusiones de trabajo legislativo con Observatorio de Amnistías”, diputadas, defensores públicos y especialistas llamaron a que la justicia sea un derecho y no una herramienta para criminalizar a las mujeres y a las personas en situación de vulnerabilidad

Propone que instituciones de seguridad social estén obligadas a vincular el salario mínimo para las pensiones

26 Mar 2021

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La diputada Dulce María Sauri Riancho, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, presentó una iniciativa para reformar el artículo 123 de la Constitución Política, con el objetivo de que las instituciones de seguridad social estén obligadas a vincular el salario mínimo

Cámara de Diputados suscribe convenio con el INE para fortalecer mecanismos de fiscalización

25 Mar 2021

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La Cámara de Diputados suscribió un convenio con el Instituto Nacional Electoral para fortalecer los mecanismos de fiscalización en torno a la verificación y comprobación de los recursos públicos de las y los legisladores que busquen contender por la elección consecutiva.

Reforzar al Poder Judicial permitirá construir una sociedad igualitaria

25 Mar 2021

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La diputada Lorena Villavicencio Ayala (Morena) coordinadora de la Subcomisión de Atención a Feminicidios y Violencia contra las Mujeres señaló que es preciso reforzar al Poder Judicial

Fundamenta reformas para promover la inclusión de las personas con discapacidad al deporte

24 Mar 2021

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El diputado Francisco Javier Saldívar Camacho (PES) fundamentó el dictamen que reforma el artículo 2 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a fin de promover la inclusión de las personas con discapacidad.

Grupos parlamentarios externan comentarios en relación con los lineamientos del INE

24 Mar 2021

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Diputadas y diputados de los grupos parlamentarios de Morena, PAN, PRI, PT, MC, Encuentro Social y PRD expresaron sus comentarios sobre los lineamientos emitidos por el Instituto Nacional Electoral (INE), respecto de la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados

Se ha legislado para prevenir la violencia contra las mujeres, pero no es suficiente

23 Mar 2021

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La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri Riancho, reconoció que se ha avanzado en las leyes en materia de igualdad y el adelanto de las mujeres

Con reforma al Código Penal se castigará la tala ilegal en comunidades indígenas

23 Mar 2021

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El diputado Hugo Adrián Félix Pichardo (Morena) aseguró que con el dictamen que reforma el Código Penal Federal, en materia de protección al ambiente, se castigará hasta con 15 años de prisión la tala ilegal en comunidades indígenas y comunales.

Comunidades indígenas y afromexicanas deben conocer beneficios y afectaciones de los proyectos u obras

22 Mar 2021

288 veces

Las aportaciones permitirán que la propuesta sea eficiente y acorde a las necesidades

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.