Cámara de Diputados

01 Mayo, 2026

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Las y los estudiantes mexicanos merecen una política educativa que les permita un regreso a clases seguro

20 May 2021

370 veces

La diputada Fabiola Loya, coordinadora del Grupo Parlamentario de MC, presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión un punto de acuerdo para solicitar que la Secretaría de Educación Pública (SEP) emita los lineamientos para garantizar un retorno a clases presenciales

DOF publica decreto que quita a CRE la facultad de regulación asimétrica sobre las ventas de primera mano de Pemex

19 May 2021

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El Diario Oficial de la Federación publicó este miércoles el decreto que quita a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) la facultad de regulación asimétrica sobre las ventas de primera mano de Petróleos Mexicanos (Pemex) y sus organismos subsidiarios.

Exhorta al Ejecutivo Federal y al gobierno de Tabasco a ejecutar plan hídrico integral para la entidad

19 May 2021

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La diputada Soraya Pérez Munguía (PRI) exhortó a los titulares del Ejecutivo Federal y de las Secretarías, para que con el gobierno de Tabasco actúen, en el marco de sus competencias, a formular y ejecutar de manera inmediata un plan hídrico integral

Morena impulsará una reforma electoral integral tras elecciones del 6 de junio

18 May 2021

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El coordinador de las y los diputados de Morena, Ignacio Mier Velazco, anunció que su Grupo Parlamentario impulsará una reforma electoral integral, una vez que pasen las elecciones del próximo 6 de junio, para evitar excesos y abusos

Piden promover la cultura de la paz para erradicar la violencia contra las mujeres

18 May 2021

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La diputada María del Refugio Alvarado Romo (MC) impulsa reformas a la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, con el fin de definir la cultura de la paz como el conjunto de valores

Impulsan iniciativa para que entidades y municipios promuevan la movilidad sustentable

14 May 2021

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El diputado Francisco Javier Saldívar Camacho, de Encuentro Social, presentó una iniciativa que reforma el artículo 8º y 9º de la Ley General de Cambio Climático, para establecer como atribución de las entidades federativas y municipios promover la movilidad sustentable.

Diputadas y diputados participarán en grupo que dará seguimiento a los procesos electorales 2021

13 May 2021

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Diputadas y diputados integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, formarán parte del grupo de trabajo que se constituyó para dar seguimiento a los procesos electorales de 2021 en las 32 entidades federativas.

Diputadas y diputados impulsan diversas iniciativas en la Comisión Permanente

13 May 2021

316 veces

En la sesión de la Comisión Permanente, diputadas y diputados de Morena, PAN, MC, Encuentro Social y PVEM, presentaron iniciativas que reforman diversas leyes sobre derechos humanos de mujeres, ingreso mínimo vital, superar las consecuencias de la pandemia

Necesario, mejorar la impartición de justicia para comunidades indígenas

12 May 2021

345 veces

Plantea adecuar la norma a la realidad de las comunidades originarias de México

Impulsan iniciativa para reformar la Ley de Productos Orgánicos

12 May 2021

334 veces

Se deben promover políticas y acciones orientadas al impulso de este tipo producción

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.