Cámara de Diputados

02 Mayo, 2026

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Primera Comisión de la Permanente avala Periodo Extraordinario de Sesiones de la Cámara de Diputados

13 Jul 2021

357 veces

Conforme a lo aprobado en lo general, por 11 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones, la sesión de apertura del periodo sería el viernes 16 de julio de 2021, a las 11:00 horas

Aprueban por mayoría de votos el dictamen relativo al procedimiento de desafuero de Mauricio Toledo

12 Jul 2021

392 veces

La Sección Instructora de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen relativo al procedimiento de declaración de procedencia en el expediente SI/LXIV/DP/01/2021, solicitado por Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en contra del Diputado Federal Mauricio Alonso Toledo

El Ejecutivo prepara un proyecto de PEF 2022 con impacto grave en diversos rubros

12 Jul 2021

370 veces

El coordinador de las y los diputados del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, afirmó que el Ejecutivo Federal prepara un proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2022 que impactará “gravemente” en diversos rubros

“Gas Bienestar” será un gran apoyo para la economía familiar: Ignacio Mier

09 Jul 2021

371 veces

El diputado Ignacio Mier Velazco (Morena) afirmó que la creación de “Gas Bienestar” será un gran apoyo para la familia y protegerá la soberanía energética de México

Exige investigación y sanciones por presunto acto de corrupción en Conalep

09 Jul 2021

430 veces

En la Cuarta Transformación no podemos pasar por alto los actos de corrupción, mucho menos dentro de las instituciones del Gobierno Federal

Turnan a Comisión propuesta de convocar a un periodo extraordinario en la Cámara de Diputados

08 Jul 2021

375 veces

En la sesión a distancia de la Comisión Permanente de este miércoles, se dio cuenta de una propuesta de convocar a un periodo extraordinario en la Cámara de Diputados

La Comisión de Juventud y Diversidad Sexual aprobó su informe de actividades

08 Jul 2021

382 veces

La Comisión de Juventud y Diversidad Sexual, que preside la diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega (Morena), aprobó su segundo informe semestral del Tercer Año Legislativo de la LXIV Legislatura

Diputadas y diputados emiten comentarios sobre atención a pacientes con cáncer

07 Jul 2021

356 veces

Diputadas y diputados de Morena, PAN, PRI, PT, MC, Encuentro Social y PVEM, en la sesión a distancia de la Comisión Permanente, emitieron comentarios para referirse a la problemática sobre la atención a pacientes con cáncer

Excluyen caso Toledo de la agenda del periodo extra en San Lázaro

07 Jul 2021

408 veces

La presidenta de los diputados, la priista Dulce María Sauri, informó que se remitió este martes a la Junta de Coordinación Política “el análisis de la revisión del dictamen respecto del desafuero del diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez

PRD pide a congresos locales acatar criterios de la SCJN sobre matrimonio igualitario

06 Jul 2021

365 veces

La coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD, Verónica Juárez Piña, exhortó a diferentes congresos locales a acatar los criterios dictados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en materia de matrimonio igualitario.

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.