Cámara de Diputados

02 Mayo, 2026

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Urge reforma electoral que garantice una plena democracia, tras “la implosión” que vive el TEPJF

06 Ago 2021

396 veces

Aseveró que esta “implosión” que está viviendo el Tribunal fue producto de ese régimen de cuotas, y “amerita que volteemos todos los ojos de manera serena y objetiva para ver la urgencia que tiene la reforma política y la descomposición que tiene el propio tribunal”

La lucha contra el tráfico de armas debe ser una responsabilidad compartida entre países

06 Ago 2021

423 veces

Resulta lamentable que, mientras libramos una importante lucha contra la inseguridad y el delito, en Estados Unidos fabricantes privados lucren con la libre venta y disposición de armas

Realizan foro “Los resultados de la ENIGH 2020 sobre la movilidad social en México”

05 Ago 2021

363 veces

El coordinador del Grupo de Trabajo para la Transición Hacendaria, diputado Alfonso Ramírez Cuéllar (Morena), subrayó la necesidad de revisar de manera profunda la estructura tributaria del Impuesto Sobre la Renta de personas físicas

Propone crear una comisión especial que investigue el caso de espionaje con el malware “Pegasus”

05 Ago 2021

400 veces

La diputada Laura Imelda Pérez Segura (Morena) informó que impulsa un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para solicitar la creación de una comisión especial que investigue el caso de espionaje a periodistas, activistas sociales y actores políticos

Concluye la Cámara de Diputados su Primer Periodo Extraordinario de Sesiones

04 Ago 2021

374 veces

La presidenta de la Mesa Directiva, Dulce María Sauri Riancho, declaró formalmente concluidos los trabajos correspondientes al Primer Periodo Extraordinario de Sesiones de la Cámara de Diputados, al que fue convocada por la Comisión Permanente

Avanza nuevo intento para desaforar a los diputados Mauricio Toledo y Saúl Huerta

04 Ago 2021

382 veces

Por cuarta ocasión, la Primera Comisión de trabajo de la Comisión Permanente del Congreso aprobó un dictamen que propone convocar a un segundo periodo extraordinario de sesiones el 11 de agosto para desaforar a los diputados Mauricio Toledo y Saúl Huerta

Plantean que el Presidente envíe iniciativa preferente con base en resultados de Consulta Infantil y Juvenil

03 Ago 2021

399 veces

La propuesta de reforma, presentada ante la Comisión Permanente, fue remitida a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen y a la de Juventud y Diversidad Sexual, para opinión.

Impulsan iniciativa para que en casos de violación se pueda practicar un aborto

03 Ago 2021

400 veces

Llevar a cabo el procedimiento debe ser decisión de la víctima y no debe existir plazo alguno, destaca

Realizarán la II Reunión de la Comisión Interparlamentaria Especial para la Recuperación de la Pandemia COVID-19

02 Ago 2021

393 veces

Se presentará la “Estrategia Legislativa para la recuperación de la pandemia por COVID-19, con enfoque de Agenda 2030”

Conacyt debe garantizar libertad de investigación científica y estímulos económicos a investigadores

02 Ago 2021

426 veces

Lo anterior, mediante un Punto de Acuerdo presentado ante la Comisión Permanente, y respaldado por las y los diputados de su bancada, informó la diputada en un comunicado.

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.