Cámara de Diputados

02 Mayo, 2026

Síguenos en:

Cámara de Diputados

Valida la Permanente 23 dictámenes de la Segunda Comisión

26 Ago 2021

434 veces

Otro punto de acuerdo hace un llamado a la Secretaría de Salud y al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas a diseñar y llevar a cabo campañas en lenguas indígenas sobre la importancia de la aplicación de la vacuna contra el SARS-CoV-2

Fue fundamental para la LXIV Legislatura avanzar en igualdad sustantiva: Dulce María Sauri

25 Ago 2021

433 veces

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri Riancho, afirmó que una actividad fundamental para la LXIV Legislatura fue promover una agenda en materia de paridad y avanzar en igualdad sustantiva

La LXIV Legislatura aprobó importantes leyes a favor de la igualdad sustantiva

25 Ago 2021

400 veces

Durante la presentación del “Libro Blanco en materia de Igualdad de Género. Acciones Estratégicas”, diputadas de distintos grupos Parlamentarios reconocieron los avances alcanzados en la LXIV Legislatura

Diputadas y diputados respaldan diversos dictámenes de la Primera Comisión de la Permanente

24 Ago 2021

389 veces

En reunión virtual, se aprobó exhortar a la Fiscalía General de la República (FGR) para que informe del estado que guardan las carpetas de investigación de las presuntas agresiones sexuales cometidas contra menores de edad en distintas escuelas de México

La Comisión de Seguridad Pública aprobó su informe final de actividades legislativas

24 Ago 2021

380 veces

La Comisión de Seguridad Pública, presidida por la diputada Juanita Guerra Mena (Morena), aprobó su informe final de actividades legislativas correspondiente a la LXIV Legislatura

La Cámara de Diputados regulará el trámite de asuntos que pasan de una Legislatura a otra

23 Ago 2021

491 veces

En la LXIV Legislatura, la Cámara de Diputados aprobó diversas reformas a su marco jurídico para regular el trámite de los asuntos que pasan de una Legislatura a otra, a fin de que sean procesados en los términos reglamentarios

Saúl Huerta: Dan suspensión provisional vs. orden de aprehensión, pero seguirá en prisión

23 Ago 2021

388 veces

Una jueza de Distrito concedió este lunes una suspensión provisional contra la orden de aprehensión al diputado Saúl Huerta, preso actualmente por el del delito de violación equiparada

La Comisión Permanente desechó el dictamen que convocaba a un Tercer Periodo Extraordinario de Sesiones

20 Ago 2021

426 veces

El dictamen recibió 37 votos, de ellos 24 votos fueron a favor, 13 en contra y cero abstenciones, por lo que no alcanzó la mayoría calificada

Necesario y urgente alcanzar la igualdad sustantiva y transversal, coinciden diputadas del PRI, PAN y PRD

20 Ago 2021

404 veces

Diputadas del PRI, PAN y PRD coincidieron en que pese a los avances que se han dado a lo largo de la historia y de manera especial en la LXIV Legislatura

La Primera Comisión de la Permanente aprobó convocatoria a un Tercer Periodo Extraordinario de Sesiones

19 Ago 2021

420 veces

El documento, avalado por 10 votos a favor, 4 en contra y cero abstenciones, precisa que la apertura se realizará el 20 de agosto del 2021 y concluirá una vez que cada cámara determine que han sido abordados los asuntos para los que fueron convocadas

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.