Cámara de Diputados

02 Mayo, 2026

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La polarización no sirve a los procesos democráticos del país: diputada Dulce María Sauri

03 Jun 2021

393 veces

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri Riancho, subrayó que la polarización nacional no le sirve a los procesos democráticos mexicanos

Adelanta que propondrá a la Permanente aprobar un periodo extraordinario pasando el proceso electoral

31 May 2021

477 veces

El coordinador de la bancada de Morena, adelantó que propondrá a la Comisión Permanente aprobar un primer periodo extraordinario, una vez que pase la jornada electoral del próximo 6 de junio.

Pide PRI que el Gobierno Federal honre los compromisos adquiridos en el T-MEC

31 May 2021

444 veces

En un comunicado, señalaron que el Congreso de la Unión debe solicitar al Ejecutivo federal honre los acuerdos internacionales y no ponga a México en estado de indefensión.

Exigen PAN al GCDMX atender a quienes bloquean acceso al Senado de la República

26 May 2021

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Los legisladores del PAN exigimos la intervención del presidente del Senado y del Gobierno de la Ciudad de México para que resuelvan esta situación, atiendan las demandas donde se deben atender y nos permitan sesionar, que son muchos los asuntos que debemos tratar

Espacio Cultural San Lázaro organizó pláticas abiertas sobre Apreciación Técnica Cinematográfica

26 May 2021

427 veces

Con el propósito de conocer cómo se realizan los filmes, su edición, áreas especializadas, producción y postproducción, el Espacio Cultural y la Cineteca de San Lázaro organizaron pláticas abiertas sobre Apreciación Técnica Cinematográfica.

Sólo con la separación de Poderes es posible continuar la construcción de la democracia: Sauri Riancho

25 May 2021

464 veces

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri Riancho, afirmó que sólo a través de la separación de Poderes y la colaboración enmarcada en la Constitución Política, es posible continuar la construcción de la democracia en nuestro país.

Diputadas, diputados, ministros en retiro y juristas participan en seminario sobre autonomía judicial

25 May 2021

392 veces

La presidenta de la Comisión de Justicia, diputada Pilar Ortega Martínez (PAN), resaltó que el seminario abona a dilucidar cuestiones tan complejas como determinar cómo afecta al sistema democrático y al principio de representatividad

Pide PRI al Gobierno Federal plan emergente para amortiguar daños por sequía en México

24 May 2021

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Las diputadas Dulce María Sauri Riancho, Mariana Rodríguez Mier y Terán, Claudia Pastor Badilla y el diputado Enrique Ochoa Reza, del PRI, emplazaron al Gobierno Federal a construir un plan de emergencia que minimice los daños y estragos de la sequía que afecta al 87% del país

Muñoz Ledo advierte peligro de que “el poder se endurezca”

24 May 2021

426 veces

Soy incómodo para los que no hablan, para los mudos, para los seguidores del dedo; yo estoy contra la dedocracia, que fue el sentido de nuestro movimiento de 1988

Diputadas y diputados presentan cuatro iniciativas en la Comisión Permanente

20 May 2021

417 veces

Diputadas y diputados de diversos grupos parlamentarios presentaron, en la sesión a distancia de la Comisión Permanente, cuatro iniciativas sobre recursos para el Sistema Nacional de Cuidados

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.