Cámara de Diputados

02 Mayo, 2026

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El papel del Estado es fundamental ante la violencia estructural hacia las mujeres

29 Jul 2021

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El papel del Estado es fundamental en un contexto en el que la violencia estructural hacia las mujeres se perpetra con intensidad y hay una limitada impartición de justicia que no repara el daño a las víctimas

Detener la violencia de género requiere de la participación de todas y todos

29 Jul 2021

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De manera virtual, dijo que hablar de la violencia no solo es hablar de quien la sufre, sino particularmente de quienes la ejercen, los hombres

El Poder Legislativo participa en la construcción de la política exterior de Estado

28 Jul 2021

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La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri Riancho, afirmó que a través de la diplomacia parlamentaria el Poder Legislativo, desde sus funciones y atribuciones, participa en la construcción de una política exterior de Estado

La Comisión Permanente guardó un minuto de silencio en memoria del diputado René Juárez Cisneros

28 Jul 2021

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En la sesión presencial de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se guardó un minuto de silencio y se montó guardia de honor en memoria del diputado René Juárez Cisneros

Diputadas y diputados de la Segunda Comisión de la Permanente aprobaron siete puntos de acuerdo

27 Jul 2021

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El séptimo dictamen solicita a la Secretaría de Salud y sus homólogas en las entidades reforzar la atención preventiva y médica de las mujeres embarazadas o en puerperio.

Concluye el Seminario “El Congreso que México necesita. Una reforma urgente”

23 Jul 2021

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Al concluir el Seminario “El Congreso que México necesita. Una reforma urgente”, diputadas, investigadores y especialistas analizaron el peso de las mayorías, la representación de las minorías y la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados.

Integrantes de la Comisión de Pesca se reúnen con el titular de la Conapesca

23 Jul 2021

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Diputadas y diputados de la Comisión de Pesca, que preside el diputado Eulalio Juan Ríos Fararoni (Morena), plantearon sus inquietudes al titular de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), Octavio Alberto Almada Palafox

Presenta iniciativa para reformar la Ley Nacional de Extinción de Dominio

22 Jul 2021

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La diputada Dulce María Sauri Riancho, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, en la sesión de la Comisión Permanente.

Abandona Congreso a mujeres frente al crimen y a feminicidios, admiten diputadas

22 Jul 2021

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Diputadas federales de todos los partidos políticos admitieron que el Poder Legislativo abandona y deja en la indefensión a las mujeres frente al crimen y a la ola de feminicidios en el país.

Diputadas y diputados respaldan dos dictámenes en la sesión de la Comisión Permanente

21 Jul 2021

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En la sesión a distancia de la Comisión Permanente, diputadas y diputados aprobaron, junto con senadoras y senadores, dos dictámenes con punto de acuerdo de la Segunda Comisión: Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, y de la Tercera Comisión: Hacienda

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.