Cámara de Diputados

02 Mayo, 2026

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Cámara de Diputados

Necesario, enfrentar de manera coordinada los retos regionales que impone la pandemia

26 Feb 2021

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En la XXXIX Reunión Ordinaria del Foro de Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe (FOPREL), diputadas, diputados e integrantes del organismo manifestaron su voluntad de cooperar en la agenda regional

Comisión de Vigilancia analizará proceso de fiscalización de la ASF

26 Feb 2021

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La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y la Unidad de Evaluación y Control refrendan el compromiso de la Cámara de Diputados de fortalecer la fiscalización superior

Fallo de SCJN para calcular pensiones en UMA lacera derechos laborales de trabajadores

25 Feb 2021

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La resolución que tomó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para establecer la Unidad de Medida y Actualización (UMA) como referencia en el cálculo de pensiones, es totalmente violatoria y lacera profundamente derechos laborales

Los Poderes Legislativos deben transformase para el futuro y responder a las necesidades urgentes

25 Feb 2021

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La presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri Riancho, llamó a que a través de la fuerza de la diplomacia parlamentaria, la cooperación y el multilateralismo, los Poderes Legislativos se transformen para el futuro

Conmemoran proclamación del Plan de Iguala y el Día de la Bandera

24 Feb 2021

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Durante la sesión semipresencial, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri Riancho, recordó que este 24 de febrero se cumplen los 200 años de la proclamación del Plan de Iguala, y se conmemora el Día de la Bandera.

La Cámara de Diputados remite al Senado reformas a la Ley de la Industria Eléctrica

24 Feb 2021

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En sesión semipresencial, la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, el dictamen por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica

Reforma eléctrica busca rescatar y fortalecer a la CFE; garantiza tarifas bajas

23 Feb 2021

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Al fundamentar el dictamen, derivado de la iniciativa planteada por el Presidente de la República, aclaró que los cambios propuestos no implican la concesión de un contrato preferencial para la CFE, pues es necesario acabar con las condiciones de inequidad y desigualdad.

Emitió declaratoria de aprobación a reforma constitucional relativa al Poder Judicial

23 Feb 2021

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La Cámara de Diputados emitió el proyecto de declaratoria de aprobación a la minuta por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativas al Poder Judicial de la Federación.

Llama a cerrar filas en torno a defensa de autonomía del INE e Inai

22 Feb 2021

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En un comunicado, indicó que ningún funcionario, actor o partido político, debe tener acceso, control o manejo de datos personales, sin el consentimiento de los titulares, ya que este año se desarrollarán las elecciones más grandes en la historia del país.

Gastan diputados 39 mdp en abrir un acceso peatonal al Palacio Legislativo

19 Feb 2021

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En tiempos de la pandemia COVID-19, la Cámara de Diputados inauguró este jueves un nuevo “acceso peatonal” a la sede del Palacio Legislativo, que tuvo un costo de 39 millones 200 mil pesos.

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.