Cámara de Diputados

02 Mayo, 2026

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Garantizar el acceso a la vacuna anticovid a todos los mexicanos

29 Ene 2021

321 veces

Garantizar el acceso a todas y todos los mexicanos la vacuna contra el Covid-19 y buscar soluciones para aliviar la crisis de salud, economía y empleo, ante el impacto de la pandemia, serán los temas prioritarios de las y los diputados del PRI

Abordan con Canciller política exterior y esfuerzos de México ante emergencia sanitaria

29 Ene 2021

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El Grupo Parlamentario de Morena sostuvo una reunión con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, para abordar los esfuerzos que realiza nuestro país en el marco de la emergencia sanitaria y la visión general de la posición de México en el entorno mundial.

CNDH evade emitir recomendaciones al gobierno de Andrés Manuel López Obrador

28 Ene 2021

317 veces

Con relación a la violencia de género, resaltó que la CNDH ha emitido una serie de extrañamientos, sin consecuencia alguna.

Legisladoras y legisladores expresan comentarios sobre el informe de actividades 2020 de la CNDH

28 Ene 2021

256 veces

Legisladoras y legisladores de Morena, PAN, PRI, PT, MC, Encuentro Social y PVEM expresaron sus comentarios sobre la presentación del informe anual de actividades 2020 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)

Se aprueba mesa de parlamento abierto para discutir reforma de Banxico

26 Ene 2021

272 veces

Diputados y Senadores aprobaron este lunes la convocatoria para el parlamento abierto de análisis respecto a la minuta como proyecto de decreto de la reforma a la Ley de Banco de México (Banxico) en materia de captación de divisas en moneda extranjera.

Plantean crear Fondo de Contingencia para reactivar las Mipymes ante emergencias

25 Ene 2021

282 veces

La diputada Raquel Bonilla Herrera (Morena) propuso asignar 60 por ciento del presupuesto federal que se destina a las micro, pequeñas y medianas empresas, para instaurar un Fondo de Contingencia en apoyo a las Mipymes, cuyo objetivo será la reactivación de su economía

Inician diputados sprint final de Legislatura

25 Ene 2021

312 veces

Los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados arrancarán esta semana sus reuniones plenarias virtuales, para la preparación del sprint final de la LXIV Legislatura, encabezada por la 4T.

Propone que bancos suspendan cobro de intereses moratorios

22 Ene 2021

296 veces

Mediante un comunicado, expuso que “las familias mexicanas endeudadas se encuentran en total desamparo frente al cobro abusivo y arbitrario de intereses moratorios".

Hasta 8 años de prisión a quien haga mal uso de información o documentación de seguridad nacional

22 Ene 2021

293 veces

El diputado de Encuentro Social, Jorge Arturo Argüelles Victorero, presentó una iniciativa que adiciona diversas disposiciones al Código Penal Federal, para imponer de dos a ocho años de prisión al que sustraiga, destruya, oculte, utilice o inutilice información

Propone citar a comparecer al secretario de Salud ante la Comisión Permanente

21 Ene 2021

268 veces

Apuntó que a través de los medios de comunicación se han reportado numerosos casos en que se aplicó la vacuna a diversas personas que no se encuentran en la primera línea de combate a la Covid-19 como lo es el personal médico.

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.