Cámara de Diputados

02 Mayo, 2026

Síguenos en:

Cámara de Diputados

Noroña debe ofrecer disculpa pública por violencia política de genero contra diputada: TEPJF

21 Ene 2021

279 veces

En octubre de 2019, Fernández Noroña realizó manifestaciones en el Congreso de Tlaxcala que, a juicio de la diputada Adriana Dávila constituyeron "violencia política en razón de género en su contra"

Fundamental, priorizar el respeto a los derechos humanos de la caravana migrante

19 Ene 2021

286 veces

El Grupo Parlamentario del PT, que coordina el diputado Reginaldo Sandoval Flores, afirmó que es fundamental priorizar el respeto a los derechos humanos de los integrantes de la caravana migrante proveniente de Centroamérica

Plantean reformas para evitar llamadas no deseadas de oferta de servicios bancarios

19 Ene 2021

283 veces

Los integrantes del grupo parlamentario del PVEM propusieron reformas a los artículos 8º y 94 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, con el fin de evitar llamadas a números móviles o fijos, por parte de instituciones financieras

Plantea integrar una comisión de diputados que vigile el plan de vacunación Covid-19

18 Ene 2021

318 veces

En un comunicado, señaló que desde el primer día de las vacunas al personal médico se encontraron anomalías; “se les colaba gente a las filas, vacunan a los amigos de los secretarios, a youtubers, y todo lo que huela a Morena es beneficiario”

Plantea iniciativa para garantizar derechos y prerrogativas de los ciudadanos en procesos penales

15 Ene 2021

303 veces

El diputado Pablo Gómez Álvarez (Morena) propuso una iniciativa por la que se deroga la fracción II del artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos y prerrogativas de los ciudadanos.

Personas con discapacidad auditiva y visual deben acceder a información adecuada sobre Covid-19

15 Ene 2021

374 veces

En México existen 2.3 millones de personas con discapacidad auditiva y visual; ante la pandemia generada por Covid-19, más del 20% de la población mexicana que padecen ceguera o sordera se enfrentan día a día a los nuevos desafíos

Legisladoras y Legisladores de diversas bancadas abordan agenda política sobre propaganda gubernamental

14 Ene 2021

286 veces

Mencionó que la ley establece las excepciones en el caso de la propaganda gubernamental. “Autoriza propaganda gubernamental sobre temas de salud, protección civil y educación; es decir, que el Gobierno de la República, perfectamente puede

Pide transparentar contratos para la compra de vacunas contra Covid-19

13 Ene 2021

319 veces

Si bien México comenzó hace seis meses a estructurar planes de compra y distribución de la vacuna contra la Covid-19, hasta la fecha no hay datos precisos sobre el gasto total que se destinará para las vacunas ni en qué partida presupuestal se ubicarán esos recursos

Llama el Congreso al 'Bronco' a pagar aguinaldos de maestros en NL

13 Ene 2021

305 veces

La Segunda Comisión de trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó este martes un Punto de Acuerdo que conmina al gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, “El Bronco”, a pagar los aguinaldos que debe su gobierno a los maestros del estado.

A partir de este martes, entran en vigor las reformas en materia de teletrabajo

12 Ene 2021

313 veces

Con ello, se da certeza legal a una modalidad que será de utilidad en las generaciones presentes y futuras y que pasó a ser fundamental ante el confinamiento por el Covid-19.

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.