Cámara de Diputados

02 Mayo, 2026

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Comisión de Energía de Cámara de Diputados discuten Ley Eléctrica de AMLO

19 Feb 2021

285 veces

Diputados federales de la Comisión de Energía arrancaron este viernes la discusión del dictamen final de la iniciativa de reformas a la Ley de la Industria Eléctrica, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador

Informa Consar que en 2020, se registraron retiros parciales por desempleo equivalentes a 20,060 mdp

17 Feb 2021

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En sesión semipresencial, la Cámara de Diputados recibió, de la Secretaría de Gobernación, el informe trimestral de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), sobre la situación de los sistemas de ahorro para el retiro

Reformas al INPI garantizan derechos de mujeres indígenas y afromexicanas

16 Feb 2021

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Estas modificaciones abonarán al fortalecimiento de la democracia, porque alcanzar la paridad de género es un proceso histórico, lo que impactará en la calidad de vida de las mujeres de este sector de la población

Diputadas y diputados emiten comentarios por el Día Internacional del Cáncer Infantil

16 Feb 2021

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En sesión semipresencial, diputadas y diputados de Morena, PAN, PRI, PT, MC, Encuentro Social, PRD y PVEM externaron sus comentarios con motivo del Día Internacional del Cáncer Infantil

Presenta iniciativa para regular teletrabajo en sector público

15 Feb 2021

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Durante la pandemia, el teletrabajo permite priorizar la salud de las y los funcionarios y sus familias, al tiempo de continuar las actividades laborales en cumplimiento de las tareas sustantivas

Solicita a la Secretaría de Gobernación construir registro nacional para evitar matrimonios dobles

15 Feb 2021

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A través de un comunicado dijo que este registro permitiría verificar que quienes deseen contraer matrimonio no lo hayan hecho en alguna otra entidad del país, como ocurre actualmente con demasiada frecuencia en medio de la impunidad.

Responsabilidad histórica del Parlamento, discutir a profundidad la iniciativa sobre la industria eléctrica

12 Feb 2021

285 veces

También surgirán cuestionamientos sobre si se está pensando en construir nuevas centrales hidroeléctricas, en qué estados, con qué presupuesto y en cuánto tiempo.

Las personas adultas mayores podrán acreditar su edad a través de más opciones

11 Feb 2021

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El dictamen que adiciona un artículo 28 Bis a la citada ley, fue aprobado por unanimidad de 453 votos.

Avanza reforma eléctrica de AMLO en 'fast track' en comisiones de Cámara de Diputados

11 Feb 2021

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Esto fue con 31 votos a favor de los legisladores de Morena y sus aliados, 11 en contra de los partidos de oposición y dos abstenciones.

Urgente, eliminar la violencia contra mujeres y niñas; a pesar de los esfuerzos no cesa

10 Feb 2021

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La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri Riancho, afirmó que eliminar la violencia perpetrada contra mujeres y niñas por el hecho de serlo ha tomado carácter de urgencia

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.