Corre el año fiscal 2018 y apenas nos llega para saber cómo se ejerce el presupuesto de la Federación en su ejercicio del año 2016. De acuerdo con reportes públicos y de conformidad con la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, varias entidades federativas tienen una serie de observaciones que a la postre pueden derivar en la comisión de algún delito.
En el informe anual 2016 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) se advierte que, desde hace varios años, la gestión de los recursos que entrega el gobierno federal a las diversas entidades es muy deficiente, lo cual propicia el desvío de dinero, así como el crecimiento de la deuda pública hasta niveles riesgosos e insustentables. En su informe el organismo revisor indicó que los pasados 15 años se ha registrado un aumento de la deuda de estados y municipios, entre otras razones debido a la inexistencia de un marco regulador que establezca los controles adecuados, bajo el principio de racionalidad, eficiencia y transparencia.
No es todo, los informes señalan que en las 9 entidades donde se elegirán los nuevos gobernantes el 1 de julio, están aquí las próximas administraciones 77 millones de pesos en observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, en el periodo 2012-2016.
Veracruz, Jalisco, Chiapas, Guanajuato y Morelos, son algunas entidades que a la fecha no han solucionado la totalidad de las observaciones hechas por el auditor del órgano. En el caso específico del gobierno de Baja California, donde -desde el 1 de noviembre de 2013- gobierna el panista Francisco "Kiko" Vega, la ASF detectó faltantes y desviaciones por la cantidad de millones 432 millones de pesos que debieron ser destinados a programas sociales, educación y seguridad pública.
Los faltantes, desvíos, o como se llaman en esta anomalías registradas en las administraciones estatales, son un tema obligado para los legisladores que registran en su agenda de pendientes, pues no basta con elegir al titular de la ASF, cargo acéfalo desde el primer día de enero del año en curso, sino para que se legisle a favor y se le brinde mayores herramientas a este organismo encargado de fiscalizar la cuenta pública, al menos en lo que corresponda en los recursos federales.
Los informes que dan cuenta de posibles desviaciones de los recursos públicos corresponden a 2016, pero también hay casos que no se han solucionado desde el año 2012 y años subsecuentes. De ahí que los mecanismos más importantes para lograr el gasto público y que las sanciones lleguen a un tiempo para todo, que podrían haber fallado, inhabilitado o resarcido del daño.
Hace unos días los diputados, las secretarías de la Comisión de Vigilancia de la Audiencia Superior de la Federación, Ruth Tiscareño Agoitia y Enrique Rojas Orozco, los periodistas sobre los informes de 2016 que "no se debe juzgar antes de tiempo en ningún ente público" . Pues sí, pero hay reportajes y conclusiones de años anteriores y nadie dice nada, tanto que hay recursos que siguen en estatus de "extraviados", "desviados" o "robados", y aun así, por lo que se ve, a pesar de las observaciones, las carpetas de investigación ya fueron cerradas y los tiempos de sanción agotados.
Ojalá que el legislador tome carta en el asunto, porque las observaciones están ahí, nadie las inventó, y es muy lamentable que en lugar de sancionadores los diputados al paso del tiempo son parte de la tapadera que arropan actos de corrupción. Esa es la realidad.
