- En la Ciudad de México hay más de siete mil personas en prisión preventiva
Al continuar con el análisis de las áreas de oportunidad que permitan el reconocimiento legislativo de los derechos de todos los grupos de atención prioritaria, la Comisión de Asuntos Político-Electorales del Congreso local desarrolló la “Mesa de diálogo para la garantía del voto de personas en prisión preventiva en la Ciudad de México”.
Al respecto, el diputado Temístocles Villanueva Ramos (MORENA), presidente de esta comisión, comentó que, al analizar las propuestas de acciones afirmativas para los grupos de atención prioritaria y su posible incorporación en el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales, surgió la necesidad de garantizar los derechos político-electorales de las personas que se encuentran en prisión preventiva oficiosa.
“Además de las otras problemáticas que pueda conllevar la pérdida de la libertad, el tratamiento que el Estado mexicano da al ejercicio del voto activo a las personas en dicha situación deviene en un acto más de discriminación, estigmatización, negación de derechos e invisibilización, esto, además vulnera de manera general el derecho al sufragio universal”, consideró.
En este sentido, la legisladora Yuriri Ayala Zúñiga (MORENA) aseveró que se tiene que considerar una armonización legislativa con la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia y remover los obstáculos normativos que impidan el derecho al voto de este sector poblacional.
Agregó que “desde esta comisión debemos generar insumos legislativos que sirvan de base para diseñar marcos normativos más acordes con nuestra realidad social, pero también garantes de la progresividad de los derechos fundamentales”.
Por su parte, el diputado Aníbal Alexandro Cañez Morales (PAN) aseguró que su grupo parlamentario acompaña esta propuesta, porque México tiene una deuda pendiente con las personas que están privadas de su libertad por una medida cautelar, por lo que se deben considerar en la ley los alcances de la presunción de inocencia.
Asimismo, resaltó la necesidad de determinar cómo se garantizarán los derechos a la información e identidad de este grupo poblacional; delimitar los cargos que podrán votar y determinar la modalidad bajo la cual ejercerán su derecho al voto.
La consejera presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Patricia Avendaño Durán, informó que en la capital hay siete mil 87 personas en prisión preventiva; adelantó que ya se han encaminado a realizar un análisis que permita brindar alternativas para proteger sus derechos político-electorales; y recordó que el Instituto Nacional Electoral ya realizó una prueba piloto.
En tanto, Arturo Morell, director del Instituto de Reinserción Social, dijo que es importante considerar la sensibilización social en el reconocimiento y garantía de los derechos político-electorales de esta población, porque ello conlleva también la posibilidad de que sean votados.
Por la sociedad civil participó Valentina Lloret Sandoval, fundadora del Centro de Estudios y Acción por la Justicia Social, quien consideró necesario generar un voto informado y garantizar el derecho a la identidad mediante su incorporación al listado nominal.
La catedrática de la UNAM, Lizbeth Xóchitl Padilla Sanabria, aseguró que “en tanto no se lleve a cabo el procedimiento que marca la opinión consultiva 6/86 que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las personas que están privadas de la libertad tendrán derecho a ser votadas”.
El segundo visitador de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Iván García Gárate, señaló que en lo que va del año se han recibido mil 968 quejas por problemáticas relacionadas con personas privadas de su libertad, lo que demuestra que conocen sus derechos, los reclaman y pugnan porque se respeten, por lo que se puede asegurar que la población penitenciaria está politizada.
Con información de: Comunicación Social del Congreso de la Ciudad de México
