Congreso de la CDMX

03 Mayo, 2026

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Congreso de la CDMX

Santiago Taboada, alcalde en Benito Juárez, solicita un techo presupuestal de 2 mil 306 mdp

24 Oct 2019

321 veces

Durante la exposición, el alcalde Taboada Cortina informó que el techo presupuestal que fijó la Secretaría de Administración y Finanzas a esa alcaldía para el próximo año asciende a 2,306.6 millones de pesos

Destacan en el Congreso CDMX las acciones de prevención y capacitación en PC

22 Oct 2019

348 veces

Diputadas y diputados informaron que en breve se presentará ante el pleno del Congreso local un proyecto de iniciativa para regular los programas de protección civil en ferias y parques de diversiones.

Reducir tiempos de traslado, integrar la red de transporte público y disminuir víctimas

22 Oct 2019

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Como parte de la Glosa del Primer Informe de Gobierno de la Ciudad de México, el titular de Semovi acudió al Congreso local para detallar los planes y programas implementados por esta dependencia

Congreso capitalino exhorta a 16 alcaldías a actualizar sus Atlas de Riesgo

16 Oct 2019

296 veces

Para abonar a la cultura de la prevención, en beneficio de la integridad y el patrimonio de la población, el Congreso capitalino emitió un exhorto a los titulares de las 16 alcaldías para elaborar, actualizar y publicar en sus sitios de internet el Atlas de Riesgo

Impulsan prohibición para colocar propaganda electoral en banquetas, macetas, fuentes

15 Oct 2019

338 veces

La propuesta plantea la prohibición para colocar, fijar, pintar, pegar o proyectar propaganda en el equipamiento urbano, en pavimentos, guarniciones, banquetas, parques, jardines, jardineras, macetas, plazas públicas, fuentes, mercados, explanadas, cabinas telefónicas, buzones de correo, sanitarios y recipientes para basura públicos

A través de ejes estratégicos se posiciona a la Ciudad de México capital cultural de América

15 Oct 2019

311 veces

Se han realizado 327 intervenciones del Programa de Festivales Barriales, y mediaciones comunitarias, que tiene como objetivo la promoción del ejercicio de los derechos culturales en zonas con mayor carencia y marginación.

Realizan en el Congreso CDMX foro Rumbo a una legislación para el sistema de cuidados

10 Oct 2019

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Las expositoras refirieron que las cuidadoras en su mayoría son mujeres, quienes cargan con la responsabilidad de cuidar del enfermo, “somos las mujeres las que cuidamos a nuestro hijo con una enfermedad crónica-degenerativa o al abuelo o papá que tienen alguna enfermedad mental

Ante comisiones unidas, titular de la Sedeco resalta la importancia del FONDESO

10 Oct 2019

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José Luis Beato González, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de México (Sedeco) acudió ante diputadas y diputados del Congreso local para detallar el estado que guarda la dependencia

CDMX es la entidad con la estructura tributaria más sana de la Federación

09 Oct 2019

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La secretaria de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, Luz Elena González Escobar, acudió este martes al recinto legislativo de Donceles, para presentar ante el pleno del Congreso su Informe como parte de la Glosa.

Propone Von Roehrich verificar construcciones previas a 1985

09 Oct 2019

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El diputado local del PAN, Christian Von Roehrich, presentó una iniciativa para reformar la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México para que “todas las construcciones anteriores a 1985 realicen una verificación estructural

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.