Congreso de la CDMX

03 Mayo, 2026

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Congreso de la CDMX

El Congreso CDMX investigará presuntas irregularidades en compras y contrataciones

20 Nov 2019

298 veces

Así lo informó hoy el diputado Mauricio Tabe Echartea, presidente del órgano máximo de gobierno del Congreso capitalino.

Aprueban en comisiones dictámenes para garantizar derechos a la infancia trans

15 Nov 2019

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Diputados integrantes de las comisiones unidas de Administración y Procuración de Justicia, y de Igualdad de Género, del Congreso local, aprobaron este jueves con 19 votos a favor y 3 en contra el dictamen de reformas al Código Civil y de Procedimientos Civiles del Distrito Federal

En Comisión emiten opinión favorable a la creación de la Ley del Sistema de Cuidados

15 Nov 2019

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La Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales del Congreso local emitió una opinión favorable a la iniciativa para crear la Ley del Sistema de Cuidados de la Ciudad de México

Diputadas y diputados presentan puntos de acuerdos en asuntos relacionados con DDHH

14 Nov 2019

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Los diputados de MORENA y PT presentaron exhortos para la atención en temas de derechos humanos, estrategias de comercialización en mercados públicos, centros de lactancia en las 16 alcaldías y la revisión de establecimientos mercantiles en Coyoacán.

Realizan la mesa de trabajo Prevención del Primer Embarazo

14 Nov 2019

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Por ello se cuenta con la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo (ENAPEA), y con un planteamiento que está desarrollando la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México como herramientas que abordan cada uno de los factores que lo originan.

Piden a autoridades locales la creación de alarmas sísmicas visuales

13 Nov 2019

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Las y los diputados del Congreso de la Ciudad de México solicitaron a diversas autoridades locales la creación de alarmas sísmicas visuales, así como la difusión en dependencias, medios masivos de comunicación, hospitales y transporte público

El Congreso capitalino exhorta a Profeco a vigilar ofertas del Buen fin

13 Nov 2019

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En su exposición, la diputada Leticia Estrada recordó que el Buen Fin es una campaña para reactivar la economía, al fomentar el consumo a través de ofertas en todo tipo de productos.

Diputados-del-PAN-presentaron-propuestas-en-materia-de-Derechos-Humanos-y-Contraloría-interna

12 Nov 2019

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Si bien la Constitución mandata establecer el procedimiento en dicha ley orgánica, consideramos que por la trascendencia e importancia de la acción, ésta merece una regulación más clara y un procedimiento que garantice el correcto ejercicio de esta figura

Acuerdan investigar todas las licitaciones del Congreso CDMX

08 Nov 2019

352 veces

Se menciona que hay malos manejos en el congreso, yo creo que eso nos debe llamar la atención, ¿Estamos cumpliendo nuestra obligación constitucional? ¿O estamos en pugnas internas partidistas pasando a la historia como una legislatura anodina?

Investigarán licitación amañada de uniformes

07 Nov 2019

398 veces

El diputado local de Morena, Rigoberto Salgado, presentará hoy en tribuna un punto de acuerdo para que la Contraloría investigue al oficial mayor del Congreso local, Alfonso Vega González, y a otros funcionarios

ABRIL 2026

UIF sin control judicial: la tentación autoritaria

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amplía las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias bajo sospecha de lavado de dinero u otros delitos, sin necesidad de una orden judicial previa, marca un punto de inflexión delicado en el equilibrio entre seguridad y libertades en México.

No se trata de minimizar la gravedad del lavado de dinero ni la urgencia de combatir las estructuras financieras del crimen organizado. El problema es otro: el precedente que se construye cuando el Estado puede restringir derechos patrimoniales sin control judicial inmediato. En un régimen constitucional, la eficacia nunca debe sustituir a la legalidad, y mucho menos a las garantías fundamentales.

La medida, presentada como una herramienta necesaria para combatir delitos de alto impacto, abre una puerta que históricamente ha sido peligrosa: la discrecionalidad administrativa sin contrapesos efectivos. Porque si bien el congelamiento de cuentas es una acción de carácter preventivo, sus efectos son profundamente punitivos. De un momento a otro, un ciudadano puede quedar imposibilitado para disponer de sus recursos, pagar obligaciones, sostener su actividad económica o incluso cubrir necesidades básicas.

Y todo ello, bajo la lógica de la sospecha.

El principio de presunción de inocencia, piedra angular de cualquier Estado de derecho, queda en entredicho cuando la sanción precede al juicio. La congelación de cuentas sin orden judicial no es una simple medida cautelar: es, en los hechos, una sanción anticipada que coloca al individuo en una situación de indefensión frente al aparato estatal.

La historia ofrece suficientes advertencias. Los regímenes autoritarios, de distintas épocas y latitudes, han encontrado en los instrumentos administrativos una vía eficaz para neutralizar adversarios sin necesidad de recurrir a procesos judiciales. Desde la confiscación de bienes hasta la inhabilitación económica, el control financiero ha sido una herramienta silenciosa pero devastadora para acallar disidencias.

No es casual que la comparación con prácticas de la inquisición o de gobiernos totalitarios surja en el debate público. En ambos casos, la lógica es similar: primero se actúa contra el individuo, luego —si acaso— se revisa la legalidad de la acción. El daño, para entonces, ya está hecho.

En el contexto mexicano, este riesgo no es menor. La concentración de poder político, la polarización creciente y el uso recurrente del discurso que divide entre “buenos” y “malos” generan un terreno fértil para que herramientas de este tipo puedan ser utilizadas con fines distintos a los estrictamente legales.

Desde luego, la autoridad sostiene que existen mecanismos de defensa para los afectados, que pueden impugnar la medida y solicitar la liberación de sus recursos. Pero ese argumento ignora una realidad elemental: el acceso a la justicia en México no es inmediato ni equitativo. Los procesos pueden tardar semanas o meses, tiempo durante el cual la persona afectada enfrenta consecuencias económicas y personales irreversibles.

La justicia tardía o la corrección de la UIF no es justicia.

Más aún, la resolución de la Corte plantea interrogantes sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los derechos fundamentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Estado en su lucha contra el delito sin erosionar las garantías que definen un sistema democrático? ¿En qué momento la excepción se convierte en regla?

El riesgo es que esta decisión siente un precedente expansivo. Hoy se justifica en el combate al lavado de dinero; mañana podría extenderse a otros ámbitos bajo la misma lógica de “prevención”. La frontera entre seguridad y autoritarismo no siempre es visible, pero suele cruzarse gradualmente, mediante decisiones que, aisladas, parecen razonables, pero en conjunto transforman la naturaleza del poder público.

El papel de la Corte, como guardiana de la Constitución, es precisamente evitar ese deslizamiento. Por ello, su resolución no sólo tiene efectos jurídicos, sino también políticos e institucionales. Al validar estas facultades sin exigir un control judicial previo, el máximo tribunal envía una señal preocupante sobre el equilibrio de poderes en el país.

No se trata de debilitar al Estado frente al crimen, sino de fortalecerlo dentro de los límites constitucionales. La eficacia sin legalidad puede ser tentadora, pero a largo plazo erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la confianza ciudadana.

Un sistema democrático no se define únicamente por su capacidad para perseguir delitos, sino por la forma en que lo hace. La diferencia entre un Estado de derecho y un régimen autoritario radica precisamente en la existencia de controles, procedimientos y garantías que protegen a los individuos frente al poder.

Permitir que una autoridad administrativa congele cuentas sin orden judicial previa implica alterar ese equilibrio.

La discusión no está cerrada. Corresponderá a la sociedad, a los expertos y a los propios órganos jurisdiccionales seguir delimitando el alcance de esta facultad para evitar abusos. Pero el mensaje es claro: cuando el Estado gana poder sin controles equivalentes, los ciudadanos pierden protección.

Y en esa ecuación, la democracia siempre corre el riesgo de salir debilitada.